El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reprobó que el Gobierno de Veracruz acusara a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) de intromisión por solicitar observar la audiencia por la detención de la jueza Angélica Sánchez.
Asimismo, advirtió que el Gobierno veracruzano obstaculizó la labor de monitoreo de la ONU, “que es desde luego legal, legítima e indispensable”. “Los gobiernos democráticos no se cierran al escrutinio internacional en derechos humanos”, apuntó.
El gobierno veracruzano acusó a los miembros de la ONU de intromisión y violar las leyes nacionales después de que integrantes de la ONU acudieron al juicio debido a que el caso ha causado preocupación entre organizaciones a favor de los derechos humanos.
Esto después de que el juez que llevó la audiencia el pasado miércoles no permitió que la acusada fuera representada por sus abogados y declaró la audiencia como privada, lo que no permitió la presencia de medios de comunicación ni del Alto Comisionado de Naciones Unidas que solicitó observar el proceso.
Tras la misma, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue vinculada a proceso, acusada de haber cometido tráfico de influencia y gestionado la liberación de una persona privada de su libertad. Asimismo, se le dictó un año de prisión preventiva justificada.
