Termina otro sexenio sin una reforma electoral que reduzca las prerrogativas multimillonarias a los partidos y resuelva el divorcio entre estos y la sociedad organizada.
En febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador desahogó, en su primera circular, la fobia que tiene hacia la sociedad. Su gobierno -anunció- no transferiría recursos a “ninguna organización” social, civil o ciudadana. Para justificarlo, argumentó, sin jamás demostrarlo, que debía ponerse fin a la “intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”. El Presidente, que se ha empeñado en destruir a estas organizaciones, ha sido incapaz de hacerlo: hay distancia entre querer y poder.
Los aportes del gobierno federal a las OSC cayeron de 6.2 a 1.6 mmdp entre 2018 y 2020, pero el déficit fue compensado por los aportes del sector privado y las fundaciones internacionales. Incluso se elevó el número de estas organizaciones legalizadas ante Hacienda. De acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía, en 2018 había 41,114 OSC y en 2021 ya eran 42,965. Los donativos también aumentaron de 45 a 53.4 mmdp entre 2018 y 2021. Al margen de este proceso, hay indicios de que, en parte por la hostilidad oficial, también ha crecido el número de OSC que deciden actuar sin legalizarse.
La capacidad de resistencia de las OSC también nace de su arraigo en la historia nacional. Su legitimidad viene de haber sido una de las columnas vertebrales de las movilizaciones contra los grandes fraudes electorales de 1988 y 2006, pieza clave en los movimientos por los derechos humanos y las observaciones electorales. También han sido la forma organizativa adoptada por las colectivas que buscan desaparecidos y que engrosaron las multitudes que salieron a la calle a defender al INE. La efervescencia electoral y la violencia criminal están renovando el interés ciudadano por intervenir en la vida pública.
Hace días recibí una invitación verbal del Frente Cívico Nacional para integrarme a un Consejo Electoral Ciudadano que deberá organizar una consulta ciudadana y los debates entre quienes quieran entrarle al ruedo electoral, lo que los llevará a negociar con algún partido. Ignoro si habrá candidatos de partidos porque estos siguen siendo reacios a permitir la participación ciudadana. La iniciativa avanzará cuando recibamos un texto con los términos de referencia.
Otra iniciativa con potencial es lo que sus organizadores llaman “Diálogos intergeneracionales”. Consiste en reunir a dirigentes ciudadanos de diversas generaciones para discutir las experiencias pretéritas y las agendas futuras. Mi generación se guiaba por intuiciones (algunos creíamos ingenuamente que al denunciar ante la prensa algún acto de barbarie vendría una corrección oficial); las actuales se distinguen por su altísimo nivel de conocimiento y especialización sobre temas concretos. Un ejemplo es la representación jurídica que ha venido haciendo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (“el Pro”) a favor de las víctimas.
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