Tras el anuncio de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, familias, colectivos y organizaciones acompañantes exigieron al Poder Judicial de la Federación que supervise las acciones que tome la Fiscalía para que efectivamente opere el Banco.
En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó que el Banco debía operar desde 2019 y, que ante las múltiples evaciones de la Fiscalía a cumplir su obligación, las familias de personas desaparecidas —incluida Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato— fueron quienes impulsaron la exigencia de creación del BNDF.
En entrevista, César Contreras, abogado de la organización, celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma su responsabilidad de la implementación de esta herramienta, la cual tiene hasta el 1º de junio para informar sobre avances.
Explicó que con ella se concentrará toda la información forense en el país que se encuentra dispersa en la fiscalías de los estados y en la propia FGR, a través de la interconexión de bases, registros y sistemas con información forense y genética. Además, expondrá estadísticas de cuerpos fallecidos sin identificar, fosas clandestinas, entre otros.
Esta herramienta tiene como fin contribuir a revertir la crisis de 110 mil personas desaparecidas registradas en todo el país e identificar a los más de 52 mil desconocidos que se encuentran en las fiscalías y fosas comunes.
