La organización Artículo 19 advirtió que el que la Fiscalía General de la República (FGR) haya iniciado una investigación contra funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) —incluyendo su exdirector e implicado en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Tomás Zerón por la adquisición del malware Pegasus en 2014— no representa un esclarecimiento de los hechos de espionaje por parte del gobierno mexicano
Recordó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) también suscribió contratos para escalar las capacidades del software en 2015, así como renovaciones de licencia en 2016 y 2017.
Recalcó que el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) también lo adquirió en 2016, por parte de su entonces director, Eugenio Imaz, mientras que la Secertaía de la Defensa Nacional (SEDENA) pagó en 2016 un millón 113 mil dólares por “servicio de monitoreo remoto de información” a Proyectos y Diseños VME, empresa que le vendió Pegasus a las primeras dos.
Asimismo, reiteró que la investigación Ejército Espía reveló que en este sexenio también se compró el malware en 2019 y continúa operando ilegalmente, a través del Centro Militar de Inteligencia, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Ante esto, subrayó que la investigación de la FGR no esclarece el espionaje denunciado durante el gobierno anterior, ni implica el acceso a la justicia para las personas afectadas. Además, tampoco aclara la adquisición y uso ilegal de Pegasus por el Ejército durante la actual administración , en el que al menos dos periodistas y tres personas defensoras de derechos humanos han sido espiadas, incluidos dos miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
