Organizaciones denunciaron que la nueva política migratoria de Estados Unidos obstaculiza el derecho a buscar y recibir asilo de personas que lleguen a su frontera con México, a pesar del fin del Título 42.
Reprobaron que México seguirá aceptando personas migrantes no mexicanas retornadas por el gobierno estadounidense, esta vez bajo el Título 8 de la ley estadounidense. Asimismo, señalaron falta de claridad e información sobre la respuesta del gobierno mexicano.
Ante esto, pidieron al Estado mexicano responder qué nacionalidades estará aceptando y cuántas personas admitirá cada mes, así como cuáles serán los documentos migratorios que proporcionará y si estos serán elegibles para poder acceder a la condición de refugiado u otras formas de protección humanitaria en México.
Además, preguntaron qué medidas van a adoptar sus oficinas para garantizar la seguridad de las personas retornadas, qué tipo de acuerdo conjunto o colaboración con Estados Unidos ha gestionado México para atender sus necesidades y qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez están considerando adoptar para prevenir o proteger a niñas, niños y adolescentes.