Amnistía Internacional se unió a las organizaciones que han exigido a la Fiscalía de Justicia Indígena de Ocosingo a que retire los cargos contra los defensores mayas tseltales del pueblo de Chilón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, acusados tras manifestarse contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
Junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro Prodh, AI exigió que no criminalicen a los Pueblos Indígenas que defienden sus derechos a la autodeterminación y a la protesta. Recordó que, desde 1994, los habitantes de Chilón han sido víctimas de acoso sexual, violaciones, ataques y despojos por efectivos de una base militar que estuvo en su territorio. Añadió que el cuartel de la GN fue construido sin consultarles de manera libre, previa e informada.
Los defensores son acusados de motín por haberse manifestado pacíficamente el 15 de octubre de 2020 ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón. Sin embargo, durante dicha movilización fueron torturados e incomunicados, mientras que 11 personas más resultaron heridas.
En noviembre de 2020, dicha comunidad inició un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez como parte del proceso de resistencia pacífica del pueblo indígena tseltal de Chilón.
