Por Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar Rodríguez
Hace unos meses, dos integrantes del Centro Prodh recibimos un correo de la empresa Apple, titulado: “Alerta: atacantes patrocinados por un Estado pueden tener como objetivo tu iPhone”. El texto decía: “estos atacantes probablemente están identificándote individualmente como objetivo por quien eres o por lo que haces”.
Gracias a Artículo 19, Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales acudimos a una instancia científica internacional –Citizen Lab, de la Universidad de Toronto- que confirmó cómo nuestros teléfonos habían sido vulnerados en cinco ocasiones entre junio y septiembre de 2022, mientras trabajábamos en casos relacionados con abusos castrenses y denunciábamos los riesgos de la militarización.
Paralelamente, una investigación periodística realizada por Natalie Kitroeff para The New York Times confirmó, con cuatro fuentes distintas, que en ese lapso de tiempo el Ejército usó, con exclusividad, esa intrusiva tecnología pues desde 2019 es el único cliente de NSO en el país.
La confirmación de un nuevo ataque con Pegasus en contra del Centro Prodh muestra que, en corrupción y derechos humanos, la impunidad invita a la repetición. Y es que en 2017, junto con un grupo amplio de activistas y periodistas -del que formaba parte destacada el actual Director General Editorial de esta casa- acudimos a las instituciones a denunciar el uso de esta misma herramienta, con la expectativa de que, aun cuando no ocurriera nada en el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, algo podría avanzar en el marco de la alternancia que se avecinaba: el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador prometía que el empleo de estas herramientas cesaría y que el Ejército sería controlado. La Fiscalía General de la República, sin embargo, poco hizo en el caso y hoy padecemos las consecuencias.
La evidencia reunida en esta ocasión retrata a un Ejército que está aprovechando su actual empoderamiento y su opacidad de siempre para abusar de esta tecnología, empleándola no para desarticular a la delincuencia organizada, sino para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Este artículo fue publicado en el periódico Reforma
