El Sistema Universitario Jesuita reprobó los actos de espionaje del gobierno mexicano a través del malware Pegasus contra el director y la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar.
Los defensores fueron espiados durante 2022 por las Fuerzas Armadas a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 2021 que “ya no se espía a nadie”. Estos casos se suman a los más de 50 mil número de defensores, periodistas y otros personajes que han sido ingresados al sistema de NSO Group con fines de espionaje por parte de México, quien se reveló fue el primer y mayor usuario del software, según el New York Times.
La organización reiteró su solidaridad con el Centro Prodh, que se ha dedicado a la defensa durante 35 años y apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la intervención en comunicaciones y la geolocalización por parte de las instituciones castrenses a civiles, ya que carece de justificación en términos de seguridad nacional. Por último, responsabilizó a la participación militar en tareas de seguridad pública e instó a adoptar medidas para restablecer el control civil.
Ante esto, hizo un llamado para que cese el espionaje ilegal, se publique la información relacionada con las contrataciones realizadas por la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) para la compra de este tipo de sistemas, se investiguen los casos, se garantice la seguridad de las víctimas y haya una garantía de no-repetición.
