Autoridades mexicanas e integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, instalaron la Mesa de Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, en junio de 2022.
Esto para tres religiosas y nueve sacerdotes, quienes se encuentran en una situación de riesgo por sus actividades en la comunidad.
En el acto, que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, también fungió como un espacio de reivindicación de la labor de defensa de los derechos humanos que en la Sierra Tarahumara. Igualmente, se concretó un esquema de coordinación para la implementación de las medidas dispuestas por la CIDH.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acompañó a los miembros de Cerocahui, enfatizó la relevancia que tiene la investigación y la rendición de cuentas por parte de los perpetradores para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.
La resolución de la CIDH determina que el Estado mexicano debe adoptar medidas de seguridad para proteger la vida e integridad los beneficiarios; garantizar que éstas puedan realizar sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia; así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que originaron la situación de riesgo.
