Defensores de derechos humanos advirtieron que existe una creciente militarización en México, lo que implica riesgos para los derechos humanos, apuntaron durante el panel Justicia en Contextos de Militarización, celebrado con motivo del13º aniversario luctuoso por la ejecución extrajudicial de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo.
Durante el conversatorio, Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), reiteró que se ha expandido el paradigma de seguridad militarizado instaurado desde 2006. Sin embargo, aún impera la inseguridad y violencia en el país, mientras que las Fuerzas Armadas realizan espionaje y ejecuciones extrajudiciales.
Aseveró que es necesario modificar las normas de actuación de las autoridades y la política de seguridad, retirando gradualmente a las instituciones castrenses de estas tareas. Además, apuntó, se debería se contar con una sentencia en casos de violaciones a derechos humanos, un castigo ejemplar, una reparación íntegra y garantías de no repetición.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, subrayó que la falta de acceso a la justicia está ligado al avance de la militarización, cuya corporación nunca han dado una disculpa pública. Ante esto, resaltó la importancia de la incidencia ciudadana y de que uniformados sean juzgados en tribunales civiles.
Mientras que, Ivette Galván, co-coordinadora del área de Defensa Integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recalcó la falta de controles externos que aseguren una subordinación del Ejército al sector civil en seguridad pública. Añadió que existe reticencia y obstáculos para que se investiguen violaciones a derechos humanos por parte de soldados, pero cuando estas ocurren caen en impunidad y falta de reparación, mientras que no se indagan las cadenas de mando.
