La Red de Derechos Digitales (R3D), acompañada por Social Tic y Artículo 19 México, ha presentado una nueva investigación que prueba de forma fehaciente el uso ilegal del software de espionaje Pegasus por parte del Ejército mexicano, durante este sexenio. Este trabajo, que muestra técnicamente cómo esta tecnología fue usada en contra de un defensor de derechos humanos para acceder a sus comunicaciones privadas, ha sido ampliada en sólidas investigaciones periodísticas publicadas en Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, así como por medios internacionales como el New York Times.
Como es sabido, desde 2017 se documentó y denunció el uso del software Pegasus en contra de activistas, defensores de derechos humanos —entre ellos a integrantes del Centro Prodh—, políticos de oposición y periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. En esos años se pudo acreditar que diversas instancias del Estado mexicano habían adquirido esa tecnología; también se acreditó, gracias a los análisis periciales de Citizen Lab de la Escuela Munk de la Universidad de Toronto, que los teléfonos de varias personas habían sido vulnerados. Y aunque en ese mismo sexenio se presentaron las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la impunidad prevaleció.
Con la elección de 2018 surgió la expectativa de que estos hechos fueran esclarecidos y, sobre todo, de que el espionaje ilegal en contra de adversarios políticos y líderes cívicos cesara. Esto, por cierto, había sido una promesa explícita en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Pero en este, como en otros temas, la expectativa ciudadana fue defraudada. La impunidad continuó y, lo que es más grave, pronto se empezó a recabar evidencia sobre el uso de Pegasus en esta misma administración. La R3D y las y los periodistas que por más de un lustro han seguido el caso encontraron documentos que indicaban la adquisición en fecha reciente de esta tecnología por parte del Ejército Mexicano. También se documentó el empleo de Pegasus en contra del periodista Ricardo Raphael, en contra del equipo de Animal Político y del defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos. También se documentaron casos en los equipos de personas adscritas al Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal.
Respecto de estos antecedentes, la última publicación va incluso un paso más allá. A partir de documentos encontrados entre las filtraciones dadas a conocer por “Guacamaya Leaks”, ha sido posible demostrar como hechos objetivos e indubitables al menos cuatro cuestiones de enorme trascendencia: 1) que elementos de inteligencia del Ejército Mexicano generaron un producto documental de inteligencia en el que, entre otras cosas, reportan el contenido de las comunicaciones privadas de un defensor de derechos humanos con diversos periodistas, referentes a graves violaciones a derechos humanos, comunicaciones a las que sólo habrían podido acceder de modo ilegal; 2) que ese producto de inteligencia fue preparado para una reunión sobre la situación de Nuevo Laredo en la que estuvo presente el Alto Mando del Ejército; 3) que ese trabajo de espionaje fue realizado por elementos del Centro Militar de Investigación (C.M.I.), y 4) que el C.M.I. se encuentra entre los operadores finales de los equipos y la tecnología adquirida por una de las empresas intermediarias que cuenta con autorización para comercializar Pegasus en México.
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