En días pasados, cinco personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano. Los hechos derivaron en momentos de tensión entre la población y las fuerzas armadas, cuando éstas —tras controlar por horas la escena criminal, sin presencia de ninguna autoridad civil— pretendieron sustraer el vehículo tripulado por las víctimas.
Gracias a la pronta denuncia de sus familiares, a la asistencia brindada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y a los valiosos trabajos periodísticos que empezaron a realizarse, lo ocurrido pudo documentarse antes de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) distorsionara más el incidente.
Desde luego, en primer término, es lamentable la pérdida de vidas humanas. Ninguna corporación del Estado mexicano está autorizada para privar arbitrariamente de la vida a las personas, pues las ejecuciones extrajudiciales están vedadas en nuestro país. Frente a voces que hoy defienden el uso de la fuerza letal aludiendo a aspectos no verificados sobre la vida de las personas ejecutadas, es indispensable señalar que al justificar las ejecuciones extrajudiciales se abre la puerta a todo tipo de abusos.
En segundo término, hay que lamentar también las expresiones de violencia en contra de los elementos castrenses. La comprensible reacción de ira de los familiares de las personas ejecutadas ante la privación de la vida y el intento de sustraer un vehículo asociado a los hechos, se tradujo en acciones que también pusieron en riesgo la integridad física de los militares, que evidenciaron una absoluta falta de herramientas para lidiar con una población legítimamente enfurecida. Desde la perspectiva de derechos humanos, la misma convicción que mueve a la condena de las ejecuciones debe mover a rechazar la reacción contra los castrenses, ya que todas las vidas y todos los cuerpos deben respetarse; esto, obviamente, sin establecer equivalencias inapropiadas, pues claro está que la privación de cinco vidas adquiere gravedad mayor.
Pero además de estas dos cuestiones, es imprescindible señalar que los eventos de Nuevo Laredo no son aislados. Ocurren en un contexto en el que vienen creciendo las denuncias de abusos militares, luego de que descendiera relativamente a inicios del sexenio. Específicamente, en Nuevo Laredo se han acumulado abusos. El más reciente —denunciado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo durante septiembre del año pasado, en conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh— fue la presunta ejecución de Heidi Mariana Pérez, una niña de apenas cinco años. La impunidad en esos casos sin duda es un factor que explica la reincidencia y esta repetición de eventos obliga a exigir que sean investigados los mandos territoriales a cargo del Ejército en esa ciudad fronteriza y en Tamaulipas, pues ante la acumulación de graves violaciones a derechos humanos, no puede descartarse que esto sea indicio de que están emitiendo órdenes explícitas o implícitas contrarias a la Constitución, de que están tolerando prácticas condenables o incluso de su connivencia con algún grupo criminal al que éstas acciones favorecen, como ha ocurrido en otros contextos.
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