El Ejército usó una estructura militar de inteligencia secreta para espiar al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con el fin de interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020.
La investigación Ejército Espía, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, revela el espionaje a través de Pegasus, constatado en una tarjeta informativa de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), filtrada por el colectivo Guacamaya, que también buscaba vincular a Ramos como integrante del Cártel del Noreste, sin ofrecer prueba alguna.
En el espionaje participaron el entonces subjefe de Inteligencia del E.M.D.N, Conrado Bruno Pérez Esparza; así como el Director del C.M.I., el Subdirector de Análisis, un Jefe de Grupo de Análisis del Centro y el entonces Jefe del Estado Mayor de la Sedena, Homero Mendoza Ruiz, mientras que el titular de esta última, Luis Crescencio Sandoval, estuvo al tanto, señala el texto.
El reportaje concluye que el accionar de la corporación castrense fue ilegal, ya que carece de facultades para ejercer intervenciones de comunicaciones privadas de civiles y no hubo una autorización judicial para hacerlo. Igualmente, advierte que la Sedena continúa negando los hechos y ocultando información, obstaculizando las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante esto, las organizaciones exigieron que cese el espionaje militar ilegal, el Congreso llame a comparecer a la Sedena y se haga pública toda la información relacionada con la contratación de cualquier sistema de intervención de comunicaciones privadas. Asimismo, demandaron que se establezca un mecanismo independiente de investigación y se garantice la no repetición.
