Organizaciones demandaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abran una investigación sobre los presuntos asesinatos de cinco jóvenes cometidos por militares en Nuevo Laredo, así como las agresiones de este grupo contra familiares, defensores y periodistas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que el caso muestra consecuencias de la militarización en el país y reiteró que no compete a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) realizar la investigación, sino a controles civiles externos. Añadió que garantizarse la seguridad de testigos y sobrevivientes, así como de quienes documentaron los hechos.
Data Cívica se sumó a esto, señalando que el Ejército no está capacitado para hacer tareas de seguridad pública y que “pese al discurso presidencial, sigue cometiendo masacres y abusos de la fuerza”.
Por su parte, Intersecta recalcó que es fundamental garantizar la verdad, la justicia y la no repetición, así como cuestionar la estrategia de seguridad basada en la militarización, ya que permite el abuso de la fuerza y la falta de transparencia, controles y rendición de cuentas. Apuntó que Tamaulipas es uno de los estados en los que el despliegue de militares para labores de seguridad pública lleva más años.
El pasado domingo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que elementos del Ejército asesinaron a 6 jóvenes mientras regresaban de una fiesta, tras abrir fuego contra la camioneta en la que viajaban. Ante esto, los familiares y habitantes reclamaron a los militares sus abusos. Sin embargo, los soldados accionaron sus armas para dispersar al grupo. Tras los hechos, la Comisión advirtió que estos hechos no son aislados y señaló que dicha corporación castrense está “fuera de control” en la ciudad.
