A pesar de estar en regiones diferentes, los tres casos a los que otorgó medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero, tienen en común elementos que evidencian falta de impartición de justicia, riesgos a defensores, violencia y presencia del crimen organizado en México, denunció Red TDT.
Dichas resoluciones fueron emitidas por la desaparición de los defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en Michoacán; a la comunidad jesuita de Cerocahui en Chihuahua por el asesinato de dos sacerdotes y la violencia en la zona; y las amenazas contra la defensora Pascuala López y su familia en Chiapas.
Estos casos, apunta la organización, muestran una ineficiente acción de las autoridades para brindar medidas de protección y el riesgo que enfrentan defensores por su labor. Asimismo, denotan una falta de implementación de mecanismos eficaces para la investigación, prevención, protección y justicia. Además, evidencian una obstrucción al acceso a la justicia, nula reparación del daño y falta de garantías de no repetición.
A esto se suma que la respuesta del Gobierno mexicano a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México “refuerza el mensaje de impunidad ante los resolutivos de las instancias internacionales”.
Ante esto, Red TDT denunció que “el derecho a defender derechos humanos en México es un ejercicio que se desarrolla en escenarios de alto riesgo”.
