Por: Mario Patrón
El jueves 26 de enero, en el marco de su informe de labores, Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta para cambiar el nombre de la CNDH por Defensoría Nacional de los Derechos de los Pueblos y, con ello, modificar algunas pautas de operación de la actual CNDH. La propuesta llega en un clima de creciente crispación y encono, incentivado por los procesos electorales que se efectuarán éste y el próximo año; por ello vale la pena cuestionarnos si hoy lo más pertinente es plantear una reforma, o si no resulta indispensable iniciar antes un diálogo sobre las necesidades y urgencias de nuestro sistema ombudsperson.
La CNDH de Rosario Piedra se ha distinguido por su ambivalencia. Ciertamente, la productividad de la CNDH ha crecido en cuanto al número de recomendaciones emitidas desde 2018 para llegar a un máximo histórico de 302 recomendaciones emitidas en 2022. No obstante, estas cifras no necesariamente son reflejo de un trabajo transversal y cualificado para el fortalecimiento de los derechos humanos en México. Dicho de otro modo, un aumento en el número de recomendaciones no significa automáticamente una mejor procuración de los derechos humanos.
Envuelta en polémica desde su llegada a la CNDH en 2019 por ser militante de Morena, la gestión de Rosario Piedra ha dado muestras de mayor cercanía al gobierno que a las víctimas. Bajo su liderazgo, la CNDH ha sido renuente a posicionarse frente a hechos que minan los derechos humanos, como la militarización de la Guardia Nacional o la privatización del agua en Querétaro o la crisis forense nacional que representa más de 50 mil cuerpos sin identificar, sólo por mencionar algunos; en cambio, se ha mostrado presta a manifestarse en favor de la reforma del INE y en contra de la ley 3 de 3 en Yucatán, que impide a deudores alimentarios postularse para cargos de elección popular. Esto ha ocasionado que su propio Consejo Consultivo haya tomado distancia de su presidenta en diversas ocasiones, y que organismos como Amnistía Internacional hayan externado preocupación por la falta de claridad de la CNDH para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas y frente a la negativa de interponer acciones de inconstitucionalidad sobre temas cruciales en la vida democrática del país.
Con una argumentación apegada a la narrativa de la 4T, la propuesta de reforma plantea, entre otras modificaciones, dotar de exigibilidad a las recomendaciones emitidas por el organismo; garantizar el pluralismo y la paridad de género entre los funcionarios que lo integren; la elección mediante voto popular del titular y de los integrantes del Consejo Consultivo; reducir la intermediación de organizaciones civiles para la atención a víctimas y ampliar su competencia en asuntos electorales.
Sin embargo, frente a las evidencias de un pobre acompañamiento a las víctimas desde la CNDH y ante su indudable alineación con el gobierno de López Obrador, es lícito poner en duda que la reforma propuesta realmente vaya a garantizar una mejora del ecosistema de derechos humanos en el país. El cambio de nombre del organismo no es garantía de que se traducirá en una mejor defensa de los derechos y la fórmula propuesta de selección de sus funcionarios por elección popular, no sólo contradice estándares internacionales, sino que abre un escenario propicio para partidizar el funcionamiento de la actual CNDH en detrimento de su autonomía.
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