La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, en Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo por las amenazas y agresiones que han recibido.
Tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza —perpetrados el 20 de junio de 2022 en Cerocahui—, el organismo determinó que no se está implementando un esquema de seguridad efectivas, por lo que solicitó al gobierno mexicano adoptar medidas para proteger al grupo e informar sobre las acciones que se realicen.
Las medidas fueron solicitadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), debido a que han transcurrido siete meses desde los homicidios sin que se haya detenido al responsable.
Ante la resolución anunciada este martes, la Compañía de Jesús, las personas beneficiarias y sus representantes agradecieron a la CIDH. Igualmente, llamaron a las autoridades a acordar las medidas junto con los implicados, así como a que se lleven ante la justicia los perpetradores de los crímenes letales para evitar que se vuelvan a repetir.
