Organizaciones instaron al gobierno mexicano a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa (PPO), tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Amnistía Internacional advirtió que las figuras no garantizan que las víctimas accedan a la justicia, sino que fomenta la reclusión a partir de falsas presunciones. Además, denunció que, debido a la PPO, ha aumentado la cantidad de personas privadas de la libertad sin sentencia.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reiteró que el arraigo permite detener a las personas sin elementos suficientes y sin poder ser oídas por un juez. A su vez, la PPO vulnera los derechos a la libertad, control judicial y presunción de inocencia, apuntó.
El pasado 27 de enero, la CoIDH ordenó al gobierno dejar sin efecto el arraigo y adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva a estándares internacionales, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, tras determinar que el Estado mexicano era responsable de diversas violaciones a derechos humanos por la detención de tres personas por parte de la policía en 2006.
La PPO fue introducida al artículo 19 de la Constitución en 2008 y expandida en 2019, para contemplar 16 delitos distintos. Estipula que toda persona vinculada a proceso por alguno de estos crímenes deberá pasar su proceso en prisión hasta que un juez dicte su sentencia.
