El año ha arrancado con la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pese a los peores presagios y los intentos de injerencia desde otros poderes, el proceso desembocó en un reforzamiento de la independencia judicial.
La elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández debe celebrarse no sólo por el rompimiento de un techo de cristal que por demasiado tiempo había mantenido a las ministras de la Corte al margen de la Presidencia del Tribunal, sino también por su trayectoria, en la que se conjugan el rigor judicial, la honestidad académica y un desempeño solvente e independiente en la propia Corte, cualidades no aseguradas por otras aspirantes, como fue público y manifiesto.
Es de esperar que ese talante guíe su presidencia y que su larga carrera judicial no redunde —como en ocasiones ha ocurrido en el pasado con otros ministros que exclusivamente han desarrollado sus carreras dentro del propio Poder Judicial de la Federación— en constreñir la inclusión de perspectivas sobre la justicia que se construyen desde la academia, la sociedad civil y los movimientos de víctimas; por el contrario, la apertura es especialmente deseable en estos tiempos.
En ese contexto, es también una señal positiva que un juzgador que ha impulsado con consistencia la protección de los derechos humanos en la Corte, como el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, haya sido el otro contendiente por la presidencia en la última ronda, lo que vale la pena reconocer frente a las descalificaciones personales que se han proferido en su contra desde el Ejecutivo.
Resuelto el relevo en la Presidencia, la SCJN tiene ante sí una intensa agenda de asuntos pendientes. Entre estos, destaca sin duda la resolución de los diversos litigios que ha generado la profusión de reformas relacionadas con el proceso de profundización de la militarización que ha tenido lugar durante los últimos años.
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