Como es sabido, el país ha experimentado desde hace al menos tres lustros una situación que los órganos internacionales de derechos humanos han calificado como crítica. Generada por el aumento de la violencia en el marco de la intensificación de la llamada “guerra contra las drogas”, ésta se ha caracterizado por altos índices delictivos y altos índices de violaciones graves a derechos humanos, enlazados ambos fenómenos por una impunidad casi absoluta.
Frente a esa realidad, el resultado de la contienda electoral federal de 2018 elevó la expectativa de que esta crisis pudiera ser reconocida y, sobre todo, revertida. Esta perspectiva tenía anclaje, entre otras cosas, en un discurso de campaña que hacía referencia a la necesidad de revisar la política de seguridad militarizada, a la refundación del sistema de justicia, a la adopción de mecanismos extraordinarios de esclarecimiento del pasado y al fortalecimiento de las políticas de atención victimal.
El ejercicio de gobierno, sin embargo, no ha estado a la altura de esta expectativa en estos primeros dos tercios de la administración. Existen, desde luego, aspectos positivos y esfuerzos ingentes, sobre todo en los trabajos que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También hay aciertos en políticas orientadas a hacer frente a la profunda desigualdad económica como el incremento al salario mínimo, que constituye un avance en clave de garantía de los derechos sociales. Pero incluso reconociendo la relevancia de estas labores y la pertinencia de estas medidas, el balance global dista de ser positivo. No puede soslayarse que la centralidad de los derechos humanos no ha sido asumida a cabalidad por todas las instituciones, ni se encuentra introyectada plenamente en el estilo personal de gobernar del Presidente de la República.
La violencia, sobre todo la violencia homicida, no está disminuyendo al ritmo que debería decrecer. Cerramos 2022 de nuevo con más de 30 mil homicidios. Es un pobre consuelo presumir que al menos el crecimiento exponencial de este fenómeno está contenido, cuando las cifras siguen siendo excesivamente altas y cuando a la par no dejan de aumentar las desapariciones. La preocupación es mayor si se considera que ante esta realidad, la política actual de seguridad ha priorizado el incremento de la militarización, misma que no sólo no resuelve la situación de fondo sino que además provoca sus propios riesgos, pues altera los delicados balances que deben prevalecer en las relaciones cívico militares. Hay que decirlo con claridad: el actual protagonismo público castrense es inédito y peligroso. Aunado a ello, esta medida no ha sido efectiva para recuperar territorio perdido: en amplias regiones del país, los grupos delictivos se han vuelto verdaderas organizaciones macrocriminales, diluyendo la frontera entre la criminalidad y el Estado, sin que el fenómeno se afronte como se requiere: con más investigación y con más inteligencia.
En justicia la situación no es más halagüeña. La impunidad sistémica de México no ha cambiado, pese a que se afirme lo contrario. Desde el poder se fustiga una y otra vez a los jueces como causantes de este deplorable rasgo nacional, cuando en realidad el principal nudo de disfuncionalidad se encuentra en las fiscalías, ámbito en el que poco o nada se ha mejorado. En este renglón, el tránsito de las procuradurías a las fiscalías no ha significado una renovación de las prácticas de investigación de los delitos y en el ámbito federal la Fiscalía General de la República (FGR) continúa entregada a un liderazgo carente de visión de futuro y de reforma, reticente a la rendición de cuentas y continuamente inmerso en presuntos conflictos de interés.
Consulta el artículo completo en la revista Este País: Agenda 2023 y derechos humanos: ¿Qué nos espera?
