Integrantes de la Universidad Iberoamericana Puebla presentaron dos demandas de amparo en contra de la reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al tiempo que denunciaron una profundización de la militarización.
En un comunicado, aseguraron que el dictamen es contario a la Constitución y subrayaron que las Fuerzas Armadas solo pueden participar en tareas de seguridad de forma “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Por lo tanto, afirmaron que presentaron el recurso legal ante el Poder Judicial de la Federación para “defender el carácter civil de la seguridad pública”. Asimismo, advirtieron que la política sobre esta última, “tendiente a la militarización”, deja indefensa a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Ante esto, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la IBERO Puebla, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades jurisdiccionales.
Estos se suman a los más de 50 amparos colectivos interpuestos contra la reforma, así como a las denuncias previas de organizaciones que advierten sobre una profundización de la militarización. A mediados de octubre, la jueza Karla Macías, otorgó una suspensión definitiva que frena el decreto.
