Por Santiago Aguirre
María Herrera Magdaleno tiene cuatro hijos desaparecidos. A Raúl y Jesús Salvador los desaparecieron durante agosto de 2008 en Guerrero; a Gustavo y Luis Armando, en Veracruz durante septiembre de 2010. Desde entonces, busca sin descanso. En mayo de este 2022, esa búsqueda llegó al Vaticano. Ante el Papa, María habló de las más de 100,000 personas desaparecidas que le faltan a México y de la impunidad persistente. Francisco posó su mano sobre el retrato de los cuatro jóvenes desaparecidos y con ello envió su bendición a todas las familias que buscan; gesto que otros pastores aún podrían replicar. Con este aliento, María prosiguió su búsqueda, que hace unos días la llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rostros como el de María Herrera son los que hoy pueblan la realidad de los derechos humanos en México: atravesados por las cicatrices del dolor que causa la violencia deshumanizante que se ha cernido sobre el país desde hace más de tres lustros; marcados, también, por los rasgos de la resiliencia y la dignidad.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, obra social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, es ineludible iniciar esta colaboración con Chirstus haciendo presentes rostros concretos como el de doña María y como tantos otros que, a lo largo de ya casi 35 años, han dado sentido a la labor de defensa que realizamos en esta organización de la sociedad civil.
Ese lugar concreto de cercanía con las víctimas es también el sitio más adecuado para trazar un balance sobre la situación de los derechos humanos que enfrenta el país al término de este 2022.
Los problemas que México sigue presentando en este ámbito no son pocos y continúan sin ser respondidos con políticas de Estado que trasciendan más allá de la duración de una administración y más allá de esfuerzos individuales. Una enumeración somera así lo demuestra: la violencia sigue en niveles incontenibles, pues de nuevo culminaremos este año con más de 30,000 homicidios; las desapariciones se mantienen, pues más de 9,000 personas sufren este flagelo al año en el país y el registro acumulado rebasa ya las 100,000 personas desaparecidas; la violencia contra las mujeres no disminuye, porque los feminicidios van en aumento; los migrantes que cruzan México anhelando llegar a Estados Unidos siguen siendo vejados, pues los flujos humanos no cesan; y los despojos territoriales continúan, pues se priorizan grandes proyectos de desarrollo que atentan contra la “Casa Común” sin garantizar a las comunidades indígenas consulta previa, libre e informada. En este contexto, la impunidad no se ha revertido, pues sólo 7 de cada 100 homicidios terminan siendo sancionado, como la está experimentando directamente la propia Compañía de Jesús tras el asesinato de los padres Javier Campos y Joaquín Mora
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