El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones demandaron que el Senado de la República apruebe el proyecto de ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno en México, ante las miles de víctimas en el país y su falta de atención por las autoridades.
El proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno fue aprobado por la Cámara de Diputados, mientras que las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda expidieron el dictamen correspondiente en 2021. Asimismo, la relatora de la ONU, Cecilia Jiménez-Damary, recomendó que se agilice el proceso. No obstante, no ha sido incorporado a la agenda legislativa del Senado.
Ante esto, el Colectivo exigió que se apruebe inmediatamente, se tipifique el delito de desplazamiento forzado y se implementen medidas para atender el conflicto. Además, demandaron una mesa de trabajo con víctimas y sociedad civil, al tiempo que se establezcan acciones claras de la Comisión Ejecutiva De Atención A Víctimas para reconocer a los afectados como tal.
De acuerdo con el grupo, entre 2006 y 2021 al menos 379 mil 322 personas se han visto desplazadas por la violencia en el país. El Gobierno de México reconoció en 2019 la gravedad y existencia de hechos delictivos que provocan esto, admitiendo la necesidad de un marco legal.
Recalcaron que es una crisis humanitaria que va acompañada de violaciones múltiples a los derechos humanos. Añadieron que tiene sus raíces la impunidad y la omisión por parte de las autoridades para impartir justicia y su indiferencia ante la creciente violencia.
