Expertos de la ONU pidieron al gobierno mexicano y a las empresas involucradas en el Tren Maya tomar medidas en el proyecto ante los posibles impactos negativos que podría tener la obra en los derechos humanos y el medio ambiente.
El documento firmado por 14 relatores expresó preocupación de que su desarrollo en la península de Yucatán podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
Además, señalaron que la declaración emitida en julio, que lo elevó a un proyecto de seguridad nacional y buscaba reanudar los trabajos en el Tramo 5 suspendidos por amparos, le permite al gobierno derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales.
Por último, denunciaron amenazas y ataques en contra de defensores que se han pronunciado en contra del proyecto. Asimismo, pidieron la participación de las comunidades afectadas y transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental ante futuras decisiones.
Desde el inicio de la obra en 2020, diversas organizaciones han denunciado posibles impactos negativos en el ecosistema y las comunidades aledañas.
