La mujer y su pequeña recién nacida habitaban en un domicilio distinto al de su pareja. El hombre, secuestrador, nunca se había hecho cargo de la manutención de la pequeña. Los detuvieron a ambos en el mismo sitio, pero atravesaron por procesos judiciales desiguales, con resultados muy favorables para el delincuente y desgarradores para la mujer y la hija, que son inocentes. Bien deben conocer esta historia los titulares del Poder Judicial de Tlaxcala que llevan el caso. Pero no puede pasar desapercibido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ni por la procuradora general de Justicia del estado Ernestina Carro Roldan, quienes deberían comprometerse inmediatamente a darle seguimiento a este emblemático caso de violación a derechos humanos y de género.
Hace siete años, un 11 de diciembre en la ciudad de Veracruz, Keren esperaba a fuera de la casa de su expareja con su hija de tres meses de nacida, para pedirle que respondiera con la manutención que no había aportado. El padre de la niña no abría todavía la puerta cuando Keren fue arbitrariamente detenida por un operativo armado de la Policía Federal en conjunto con policías ministeriales de Tlaxcala. También detuvieron a su expareja, a otro hombre que se encontraba en el mismo sitio y a la pequeña.
Sin orden de aprehensión, le arrebataron a la niña de los brazos y las subieron a ambas a una patrulla en la que Keren fue amenazada de que lastimarían o desaparecerían a su hija mientras la golpeaban y asfixiaban. Hay registro de la detención de la hija de Keren en la Fiscalía de Veracruz donde permaneció 4 horas, ahí a la niña de tres meses se le registró en calidad de detenida por el delito de secuestro. Después fueron trasladadas a Tlaxcala. Keren y su hija permanecieron separadas durante 11 horas.
Bajo tortura física y psicológica en la que se le insistía con que lastimarían a la niña, Keren tuvo que someterse a un interrogatorio sobre un supuesto secuestro cometido en el domicilio de su expareja y finalmente fue forzada a firmar una declaración en la que reconocía que había participado en el secuestro llevando a cabo trabajos de cuidado.
El padre de la niña abandonó la cárcel en 2019 después de cumplir una sentencia de cinco años en prisión, con el argumento de que cuando fue detenido no había cumplido la mayoría de edad. Ella en cambio, fue condenada a 50 años de prisión ese mismo año, por el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras en Apizaco, Tlaxcala. Apenas hace un año con la defensa del Centro Prodh, que tomó su caso, Keren obtuvo un amparo que ordenó reponer el procedimiento desde el inicio. Los primeros seis años tuvo un pésimo acompañamiento de abogados públicos que no integraron siquiera las pruebas para su defensa.
Además de la detención arbitraria y de la tortura de las que aquí he hecho un breve recuento, de acuerdo con la información proporcionada por el Centro Prodh, entre las múltiples violaciones a derechos humanos de las que Keren y su hija han sido víctimas están: fabricación de pruebas, exposición a medios de comunicación, retención ilegal, privación ilegal de su libertad, además de una defensa inadecuada. Todo esto atravesado por un trato discriminatorio que claramente se dio por ser mujer.
El activismo por la igualdad de género que debe cobrar fuerza sobre todo en los días posteriores al 25 de noviembre, cuando se conmemora, nos ofrece una abierta invitación para tomar acciones precisas y contundentes, que vayan más allá de discursos y conferencias de prensa. ¿Será que el gobierno de Tlaxcala y la procuraduría de justicia empujarán acciones que demuestren su compromiso con los derechos humanos y con la equidad de género? Aquí tienen un reto abierto.
Artículo publicado por Maite Azuela en El Universal
