La semana pasada una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, para presentar un balance sobre el estado que guarda la búsqueda de justicia y verdad en el caso, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
La visita fue del más alto nivel posible, pues acudió la Comisionada Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla; la Comisionada Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño; la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum; la Secretaria Adjunta, María Claudia Pulido, y por la Coordinadora de Monitoreo para México y Centroamérica, Fiorella Melzi, quienes fueron recibidas por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Fiel a su identidad como órgano internacional de derechos humanos, la CIDH priorizó presentar su balance directamente en la propia Escuela Normal Rural, reuniéndose antes con los padres y las madres de los normalistas. Con ellos, en reunión privada, la CIDH constató los estragos que la desaparición ha dejado en estas familias, que a más de ocho años de los hechos siguen exigiendo una verdad y una justicia que no llegan.
El informe presentado por la CIDH es un insumo útil para sistematizar los esfuerzos realizados en el caso en los últimos años. El documento recoge avances y experiencias, con claridad cronológica y precisión técnica, que pueden ser más adelante retomados en otros esfuerzos extraordinarios orientados al esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos.
Pero como lo dejó claro la CIDH en su conferencia de prensa, en este momento el acento no está en los avances sino en los desafíos y abiertos retrocesos que se han verificado en estos últimos meses, particularmente en el ámbito de la justicia y de la verdad.
Respecto de lo primero, la CIDH destacó con insistencia su preocupación sobre la injerencia indebida en la independencia de las investigaciones. Como señaló la comisionada Arosemena: “En el último mes la CIDH levantó banderas de alerta respecto a los eventos que estaban afectando la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), sobre su capacidad, su autonomía y lo que a su vez está afectando la búsqueda de justicia y que hoy puede afectar la legitimidad ganada en el caso Ayotzinapa. El desistimiento de 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta Unidad de investigación constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano debería tener y que es parte del deber de investigar con debida diligencia; estos hechos determinaron en la salida del titular de la UEILCA y de los agentes ministeriales que ya tenían un basto conocimiento en las investigaciones, lo que hoy podría estar afectando la continuidad y las experticias en el manejo del caso”.
Sobre lo segundo, la CIDH también enfatizó que la verdad sobre el caso no ha sido dicha. Fue contundente la comisionada presidenta Mantilla cuando dijo: “La búsqueda de una persona desaparecida es dolorosísima, ninguna de nosotras y nosotros va a sentir lo que sienten ellos (los padres y madres). Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, que no estén adecuadamente verificadas y corroboradas. Por eso es que se dice que en la desaparición forzada hay una victimización adicional a los familiares, porque es tocar de manera tan inapropiada la esperanza y la expectativa”.
Por su parte, los padres y madres ante la CIDH reiteraron la relevancia de que los organismos internacionales sigan poniendo especial atención en el caso y de que continúen supervisando el actuar de las autoridades mexicanas, para que este caso no quede impune. “No dimos nuestra confianza a este nuevo Gobierno, pero sí nuestra esperanza. Queremos continuar y seguiremos luchando por la verdad y la justicia”, expresó con digno reclamo doña María Martínez Zeferino, madre del normalista Miguel Ángel Hernández.
Como se evidencia con estos mensajes, estamos lejos de un escenario de pleno esclarecimiento. Se tienen contrapuestos importantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de la justicia. El camino debe rectificarse pues, de lo contrario, privarán los retrocesos y no se cumplirá la promesa de esclarecer el caso. A la luz de lo dicho por la CIDH, no cabe duda de que tanto la verdad como la justicia son todavía asignaturas pendientes.
El aporte de la CIDH, su continuo acompañamiento a las familias a lo largo de más de ocho años con la contundencia técnica que la caracteriza, es también un recordatorio sobre la relevancia y la utilidad de estos órganos internacionales de derechos humanos. En un contexto donde desde el poder se sugiere de forma injusta y grosera que estas importantes instancias internacionales son arietes del conservadurismo o que callaron sobre atrocidades ocurridas en el pasado, la cercanía de la CIDH con las familias de Ayotzinapa muestra la rotunda falsedad de estos asertos.
Después de todo, es gracias a las medidas cautelares conferidas por la CIDH desde 2014 que se pudo diseñar el esquema por el que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) logró participar en el caso y hacer un aporte fundamental, contribución que por cierto facilitó también la CIDH incluso en este sexenio, manteniéndola hasta el presente. Organismos como la CIDH siguen poniendo al frente el reconocimiento y respeto a los padres y madres por su resistencia y su lucha por el esclarecimiento del paradero de sus hijos. Así, el sistema interamericano en su conjunto seguirá siendo fundamental mientras las desapariciones forzadas sigan ocurriendo, el caso Ayotzinapa no sea esclarecido y la herida continúe abierta.
Consulta el artículo publicado en Animal Político.
