En la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ejército colabore con la entrega de información requerida, que la cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR) abra el diálogo con las familias y que, de
manera oficial, se informe por qué se cancelaron órdenes de aprehensión –la mayoría contra militares– emitidas por la fiscalía especial del caso.
Estas son sólo una parte de las acciones que deberían realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias “está trastocada”, dice en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en Ciudad de México, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.
Para Aguilar, lo más importante en este “momento convulso” es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas después, a la sociedad.
Lo relevante de ese informe, considera, además del reconocimiento de que hubo participación de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencionó “los obstáculos a los que se está enfrentando la investigación”.
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