A más de 14 y 12 años de la desaparición forzada de cuatro de sus hijos, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, María Herrera Magdaleno acudió a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH) en Washington para solicitar al organismo regional su intervención contra el Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos en contra de ella y su familia.
De los ocho hijos que procreó María Herrera, dos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, fueron víctimas de desaparición en agosto de 2008 en el estado de Guerrero, mientras que Gustavo y Luis Armando fueron víctimas del mismo delito en septiembre de 2010.
Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la petición de Herrera Magdaleno se fundamenta en que, “en distintos niveles, hubo participación en las desapariciones –al menos por aquiescencia– de autoridades con el crimen organizado, seguida por una falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas”.
María Herrera y su representación consideraron que “al no encontrar recursos efectivos a nivel interno” para localizar a sus cuatro hijos, “la familia Herrera decidió acudir a la CIDH”.
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