Como es sabido, luego de que en esta administración se retomaran los esfuerzos hacia el esclarecimiento de esta tragedia ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en agosto se presentó un informe sobre los hechos con nuevas líneas de investigación respecto del paradero de las víctimas. Después, la Fiscalía General de la República (FGR) adelantó acusaciones en contra del exProcurador General de la República por irregularidades en la investigación inicial así como contra un número importante de exfuncionarios, incluidos varios militares, por sus vínculos con la delincuencia organizada y, en determinados casos, por la desaparición de los muchachos. No obstante, unos días después la propia FGR solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión que un juez ya había otorgado, desplazando al Fiscal Especial para el caso —en quien confiaban las familias— y propiciando, inmediatamente después la renuncia de este funcionario que intentó investigar el caso con visión integral y respeto al debido proceso.
Esta avalancha de sucesos ocurrió a alta velocidad. Era indispensable que una voz calificada ponderara objetivamente lo sucedido. Justamente, este es el servicio que ha brindado el GIEI al comparecer ante la opinión pública, con la solidez que siempre le ha caracterizado.
En primer lugar, el GIEI ha recordado la “necesaria diferenciación” entre la investigación de la Unidad Especial de la Fiscalía que se judicializó y el Informe de la Presidencia de la Comisión Presidencial. En este sentido, ha destacado que los problemas de verificación que enfrenta este segundo reporte no invalidan de ninguna manera los elementos de convicción que sustentan las acusaciones presentadas por el Fiscal Especial saliente. No debe ignorarse que la acusación más sólida es la presentada contra elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano por delincuencia organizada, a partir de evidencia obtenida por autoridades norteamericanas que confirma cómo este batallón estaba coludido con la organización criminal “Guerreros Unidos”. Esa prueba, recordó el GIEI, no ha perdido solidez, permanece vigente y es hoy un elemento de primera relevancia, tanto para entender lo ocurrido en 2014, como para entender los riesgos que supone la profundización de la militarización y el creciente poder de un Ejército que no es ni incorruptible ni impermeable al narcotráfico.
En segundo lugar, el GIEI ha analizado el Informe presentado por la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia (COVAJ). Sobre el mismo, las expertas y los expertos destacaron que la primera parte del reporte es “valioso” dado que determina “que se trata de un crimen donde están implicados distintos estamentos del Estado”. Simultáneamente, sin embargo, los expertos y expertas se refieren a “las 467 capturas de pantalla señaladas que fueron presentadas como una nueva prueba”. Al respecto, las expertas y los expertos señalaron que: “Dichas ‘capturas de pantalla’ de conversaciones mediante WhatsaApp no fueron conocidas por el GIEI hasta el mismo momento de entrega de dicho informe. El GIEI encargó un peritaje informático-forense (…) que lleva a considerar dicha “prueba” como inconsistente y que además de ello no pueda ser considerada como tal en un proceso judicial”.
En particular, el perito acreditado internacionalmente al que acudió el GIEI encontró que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje”. Adicionalmente, señaló “que lograron identificar algunos ‘screen shots’ con un entorno visual diferente”; es decir, no correspondiente al tipo de interfase que se veía en la aplicación de WhatsApp durante los años 2014 y 2015.
En cuarto lugar, el GIEI alertó sobre “la pérdida de capacidad y confianza” que viene ocurriendo en la unidad de investigación desde la salida del anterior Fiscal Especial. Y finalmente, en quinto lugar, el GIEI destacó que la SEDENA sigue sin entregar “la información existente en los archivos CRFI de SEDENA, y otros que puedan tener información clave para la búsqueda, que incluyen escuchas o interceptaciones telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014 y del 4 de octubre de ese mismo año, entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales en los archivos de SEDENA”.
En este panorama, las expertas y los expertos alertaron que “la confusión, falta de claridad o de consistencia en las acciones generan mayor incertidumbre en los familiares y la propia sociedad, lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza” y refirieron que se “han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y la justicia”.
Asimismo, anunciaron que las personas expertas Carlos Beristain y Ángela Buitrago seguirán colaborando en el caso como parte de un mecanismo especial de seguimiento, al tiempo que Claudia Paz y Paz y Francisco Cox anunciaron su retiro del trabajo en México, al estimar que las condiciones para brindar asistencia técnica se habían modificado sustancialmente.
Para los padres y las madres, conocer este balance ha significado un duro golpe. Sus rostros durante la conferencia del 31 de octubre mostraban indignación, tristeza y decepción. Simultáneamente, sin embargo, al despedirse de Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, quienes estos años mostraron cómo se debe acompañar a las personas víctimas de desaparición —sin levantar falsas expectativas, con rigor técnico, sin protagonismos estériles, con independencia frente al poder, poniendo al centro la verdad, sin filias partidistas—, las familias de los normalistas refrendaron, en medio de su zozobra, su certidumbre de que no se equivocaron al demandar que en un proceso tan complejo como el suyo se mantuviera la veeduría externa de una supervisión internacional, anclada en los imprescindibles órganos de derechos humanos, capaz de actuar como fiel de la balanza llegado al momento. Por eso agradecieron con el corazón su servicio a sus entrañables expertos y expertas.
El proceso de esclarecimiento ha quedado en crisis y el panorama se avizora complejo. Las siguientes semanas sabremos si el gobierno está dispuesto a rectificar, a abrirse plenamente a la asistencia técnica internacional y a garantizar que cesen las obstaculizaciones en el Ejército y en la Fiscalía General de la República. Si por el contrario, la administración federal ya no se mueve del punto al que se ha llegado, las familias de Ayotzinapa quedarán expuestas a un desgastante cierre de sexenio similar al que vivieron durante la anterior administración. La herida, entre tanto, sigue abierta.
Artículo publicado originalmente por el Centro Prodh en Animal Político
