106 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar en México, y la FGR se rehúsa a crear el Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta fundamental para la unificación, sistematización, y el cotejo continuo de la información forense, incluida la genética.
Ante un contexto de 106 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar en México, parece increíble que un organismo federal evada su responsabilidad y se rehúse a la construcción de instrumentos que garanticen el derecho de búsqueda e identificación de personas. En México, esto es una realidad. En diferentes momentos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha evidenciado su resistencia para crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta fundamental para la unificación, sistematización, y el cotejo continuo de la información forense —incluida la genética—.
La necesidad de crear un Banco Nacional de Datos Forenses no es una idea nueva. El rezago forense y la necesidad de identificación humana a gran escala proviene de la espiral de violencia que comenzó con la estrategia de seguridad militarizada que se incrementó en 2006 a partir de la “Guerra contra el narcotráfico”. En 2017, tras un esfuerzo en el que participaron las familias y colectivos de búsqueda, se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGD), en la cual se estipula claramente que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de crear el BNDF, que debía operar desde enero de 2019.
A la fecha, el banco no existe. Ante la inacción de la FGR, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez —desaparecido en Guanajuato—, acompañada por el Centro Prodh, presentó una demanda de amparo con el fin de que un juez federal revisara el incumplimiento de la Fiscalía. El pasado 5 de octubre, el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas dio la razón a Olimpia y ordenó a la FGR crear y poner en funcionamiento el BNDF en 40 días hábiles; también, según la sentencia, la Fiscalía debe hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo, incluida la obtención de recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas o crear lineamientos y reglas para su funcionamiento.
El juzgado se pronuncia a favor de Olimpia, e indica que “no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición” y reconoce la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos. Esta decisión también toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, así como los diferentes insumos, cartas y documentos que presentaron más de 100 familias de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas. El juez determinó que la inexistencia del Banco es el resultado de la inactividad y falta de coordinación interna de la FGR, una omisión administrativa que viola el derecho a la verdad, la justicia y a la búsqueda de las personas desaparecidas y sus familiares.
Olimpia, acompañada del Centro Prodh, de integrantes del Colectivo la Voz de los Desaparecidos en Puebla y de la Glorieta de las y los Desaparecidos, dio a conocer públicamente la decisión del juez de amparo y por medio de la campaña #IdentificaciónYa, a la que se sumaron decenas de familias, así como la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reiteró la exigencia para que las autoridades de la Fiscalía cumplan la sentencia a la brevedad.
“Hoy las familias no contamos con el Banco y de ahí nace la necesidad de este amparo, una necesidad de miles de colectivos en el país; no es fácil buscar a una persona ausente. La necesidad que tenemos de encontrar a nuestros seres queridos implica que nosotros vayamos de estado en estado con una prueba genética, para saber si nuestro familiar no está en otro lado. Al tener un banco podríamos tener esa seguridad sin necesidad de desplazarnos” enfatizó Olimpia Montoya, recordando que de cumplirse con la sentencia, ello beneficiaría a todas las familias y colectivos de búsqueda.
El tema fue retomado posteriormente durante la conferencia mañanera del 21 de octubre, donde el presidente de la República realizó un importante llamado a la Fiscalía General de la República para que informara por qué no se ha construido el Banco. Lejos de acatar la “petición respetuosa” presidencial y la digna exigencia de las familias, con seriedad y celeridad, la Fiscalía se limitó a compartir, por medio de un comunicado, una decepcionante respuesta donde evade —una vez más— su responsabilidad, atribuyendo el incumplimiento a otras instituciones, evidenciando una vez más su nulo liderazgo para la coordinación institucional necesaria en la creación del BNDF e incluso falseando la realidad.
Es inadmisible que mientras las familias y colectivos siguen encabezando las labores de búsqueda e investigación para encontrar a los suyos, la Fiscalía siga evadiendo sus obligaciones y transfiriendo su responsabilidad a otras dependencias federales o locales. Les seguimos acompañando en su digna lucha, pero también en su exigencia para que las autoridades se comprometan a cumplir sus obligaciones y se garantice la búsqueda, verdad y justicia para todas y todos.
Puedes leer este artículo en la página de Animal Político
