Ciudad de México, a 26 de octubre de 2022
En el marco de 185º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 20 organizaciones de la sociedad civil denunciamos en audiencia pública los efectos negativos para los derechos humanos derivados de la profundización de la militarización de la seguridad pública en México.
En particular, abordamos los aspectos más preocupantes de la recientemente aprobada reforma a la Ley de la Guardia Nacional e hicimos hincapié en el contexto de impunidad en el que se cometen violaciones graves a los derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas; destacamos de forma diferenciada cómo este proceso afecta a las mujeres.
A pesar de los planteamientos, datos y argumentos compartidos por las organizaciones de la sociedad civil, el Estado mexicano mostró un absoluto desinterés ante el tema. Su respuesta se limitó a enlistar una serie de acciones que han sido desplegadas relacionadas con el decomiso de drogas y la captura de supuestos miembros del crimen organizado. Nos parece particularmente grave que, frente a una denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque distraer la discusión con base en un discurso de “combate contra las drogas” que criminaliza y estigmatiza a grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como altos índices de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos.
Lamentamos que la única representante del Estado mexicano que participó en la audiencia, lejos de contribuir al diálogo y a la búsqueda de respuestas puntuales a los problemas planteados, leyera una respuesta del Ejecutivo en donde se tilda a los organismos de derechos humanos como “conservadores” o “arietes el conservadurismo” lo cual fomenta la estigmatización y demerita el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos.
La falta de voluntad de réplica durante la audiencia, dio muestra de la nula intención estatal de dialogar sobre la progresiva militarización de la seguridad pública del país con la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales. El silencio del Estado mexicano durante el último segmento de la audiencia muestra el desinterés de tomar en cuenta los reclamos de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos en México que son acompañadas por dichas organizaciones.
En atención a lo anterior, durante la audiencia pedimos a la CIDH solicitar al Estado mexicano información sobre los siguientes aspectos:
Los marcos normativos que rigen las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, los protocolos para la ejecución de las mismas, las salvaguardas previstas para la protección de los derechos humanos de la población y su relación con la información que se ha dado a conocer sobre acciones de seguimiento a personas defensoras de derechos humanos.
Las acciones tomadas para la construcción del carácter civil de la Guardia Nacional, siguiendo todos los principios de la seguridad ciudadana.
La presentación, aplicación y evaluación de planes de desarrollo y profesionalización policial de estados y municipios.
Los mecanismos de regulación y supervisión implementados para el adecuado uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Las investigaciones sobre el posible uso de Pegasus contra personas defensoras y periodistas, así como la revisión de la existencia de contratos de la SEDENA con empresas autorizadas para la adquisición de este software.
Además, pedimos a la CIDH continuar con las recomendaciones al Estado de que desarrolle un programa integral de construcción de paz que incluya la prevención, la atención a las víctimas, acciones de desarme y reinserción social, así como un programa de retiro progresivo de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.
Por último, reiteramos nuestra solicitud presentada en audiencia del 167 periodo de sesiones, respecto a que ponga a consideración de la Corte IDH la emisión de una opinión consultiva sobre los alcances conforme a la Convención Americana, de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en los países de la región.
