El antecedente de estos hechos es la denuncia efectuada en junio de 2017, cuando se develó el empleo de Pegasus en contra de diversas organizaciones -incluyendo al Centro Prodh- y periodistas, utilización que corroboró de forma fehaciente la investigación periodística realizada dentro de la iniciativa “Pegasus Project”.
Pese a que en múltiples ocasiones el actual gobierno ha sostenido que en esta administración ha cesado el empleo ilegal de estas tecnologías de vigilancia, la documentación realizada con rigor técnico y enorme compromiso por las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Article 19 y Social Tic, así como el análisis del prestigioso Citizen Lab de la Universidad de Toronto, permiten concluir que Pegasus podría estar siendo empleado todavía en México.
En el informe publicado y en las investigaciones periodísticas de Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso se da cuenta de la información y de la evidencia que apunta a realidad negada. El análisis forense realizado por Citizen Lab concluye, sin lugar a dudas, que se ha usado el malware Pegasus de la empresa NSO en contra de nuevas víctimas. Además, la evidencia muestra que la SEDENA contrató en abril de 2019 un “servicio de monitoreo remoto de información” con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa que contaba con la representación exclusiva para comercializar como intermediaria de la empresa israelí NSO Group. Posteriormente, se daría a conocer que la Sedena realizó dicha adquisición por 60 millones de pesos, aunque esto había sido negado previamente por las Fuerzas Armadas tanto en solicitudes de información, como en la investigación que existe desde 2017. Además, pese a que el Ejecutivo señaló en 2021 que haría públicos los contratos de adquisiciones por parte de la actual administración relacionados con el tema, nunca se publicaron los contratos del Ejército.
El espionaje denunciado es en sí mismo grave. Impacta en la vida y privacidad de quienes fueron ilegalmente objeto de dicha actividad severamente intrusiva, así como de sus personas cercanas, lo mismo que a las fuentes en el caso de los periodistas y a las víctimas representadas en el caso de los defensores de derechos humanos. Por ello, luego de las nuevas denuncias diversas organizaciones y organismos de derechos humanos -como la CIDH y la ONU-DH– se pronunciaron sobre el tema, condenado el espionaje, requiriendo protección para las víctimas y exigiendo la investigación del los hechos, incluyendo también el esclarecimiento de la denuncia de espionaje de 2017.
Que toda la información, los documentos y el contexto indiquen la posible responsabilidad del Ejército, eleva la preocupación. No solamente se trata de una autoridad que no está facultada para realizar intervención de comunicaciones, sino que se trata de una institución que continuamente se ha resistido a rendir cuentas por sus actos y a la que en últimas fechas se les ha dotado de creciente poder y facultades sin asegurar controles adecuados para vigilar abusos y generar contrapesos.
La información del espionaje se dio a conocer mientras se daba a conocer la vulneración de la seguridad del Ejército por el grupo autodenominado “Guacamayas”, que reveló información y documentos de dicha institución castrense que la muestran como es: renuente a los controles externos, propensa a encubrir abusos, desdeñosa del mundo civil.
En el caso de organizaciones civiles como el Centro Prodh, los documentos muestran que los castrenses nos consideran “grupos de presión”, estiman que en nuestra labor nos mueve una presunta agenda oculta e ilegítima y monitorean intensivamente nuestras actividades y declaraciones. Perspectivas todas estas que retratan a unas Fuerzas Armadas ancladas en concepciones añejas de seguridad nacional, incapaces de aceptar y entender la pluralidad de una sociedad compleja como es la mexicana.
Las nuevas denuncias deben ser investigadas. Los propios denunciantes decidieron presentar formal denuncia ante las instancias correspondientes de investigación de la FGR, guiados por sus convicciones cívicas y por la certeza de que hechos como estos constituyen un delito. Lo hicieron pese al enorme desgaste que supone acudir a las instancias de administración de justicia; desgaste que en este asunto se acompaña de antecedentes decepcionantes, pues los hechos denunciados en 2017 continúan impunes y con pocos avances.
Lamentablemente, la respuesta inicial ha sido penosa. Tergiversando el contenido del informe de Citizen Lab, el Gobierno Federal sugirió que no había evidencia de la participación del Ejército, lo que desvió la atención respecto de la innegable existencia de contratos. La SEDENA publicó un comunicado escueto que refuerza la opacidad y la FGR emitió otro boletín pretendiendo esgrimir resultados sustantivos respecto de las denuncias de 2017, cuando aún estamos lejos de ese escenario. Más penoso aún, se intentó denostar directamente a las víctimas, sobre todo en los casos de Animal Político y del periodista Ricardo Raphael.
Desde el Centro Prodh reiteramos nuestra solidaridad con quienes hoy denuncian el espionaje y agradecemos el trabajo serio y comprometido de las organizaciones que alertan sobre esta situación, como lo hicieron en 2017. Son estas muestras de valor, compromiso y documentación técnica, así como la firme exigencia de que existan controles e investigaciones independientes, lo que más que nunca se necesita en el contexto de creciente militarización en el que estamos.
