Esta semana, la alianza global de organizaciones de la sociedad civil CIVICUS conversó con Sofía de Robina, abogada del Centro Prodh, acerca de la militarización de la seguridad pública en México y sus implicaciones para la sociedad civil.
Tras el despliegue de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, específicamente en 2006, se ha incrementó en el país el enfoque en el uso de la fuerza por parte de elementos del sector militar en lugar de fortalecer a las policías civiles con un enfoque en la prevención, la priorización del acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción de autoridades vinculadas al crimen organizado. En consecuencia, en lugar de disminuir, la violencia aumentó, al igual que las violaciones a los derechos humanos.
En días recientes, el Congreso aprobó una iniciativa ejecutiva para reformar la Ley de la Guardia Nacional, transfiriendo su mando operativo y administrativo a la SEDENA. Esto, pese a ser contrario a la Constitución, que establece que la seguridad pública debe estar a cargo de las instituciones civiles.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha dado muestras de verdadera autonomía en lo que respecta a la supervisión militar. Esto se evidencia en el pequeño número de recomendaciones que ha emitido a pesar de la abundancia de denuncias que involucran a la Guardia Nacional, así como su negativa a impugnar los cambios legales inconstitucionales.
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno en todo México han documentado los impactos de la militarización. El Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua ha realizado un trabajo crucial en la documentación de violaciones, particularmente desapariciones perpetradas por las fuerzas armadas, y obtuvo un fallo reciente de la Corte IDH en el caso de Alvarado vs. México, que estableció que:
“La intervención de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad pública deben basarse en criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia para salvaguardar las garantías establecidas en la Convención, porque el papel fundamental de las fuerzas militares no puede conciliarse con las funciones esenciales de las autoridades civiles”.
Es muy importante que la comunidad internacional esté atenta a lo que sucede en México, monitoree las decisiones que se toman, defienda a la sociedad civil frente a un gobierno que ha restringido reiteradamente su trabajo y el de los periodistas independientes, y brinde apoyo a víctimas
Puedes leer más sobre este tema en la nota de CIVICUS.
