Desde que se formó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos padecido espionaje, denostación y difusión de información dolosa y falaz. Vigilan en todo momento nuestros movimientos y monitorean nuestras reuniones. Interceptan nuestras llamadas telefónicas y amenazan a las víctimas que acompañamos, para que se desistan de sus denuncias. Hemos enfrentado denuncias penales, en que nos señalan como miembros de la guerrilla.
En la década de 1990, por defender los derechos humanos de algunos maestros democráticos que fueron torturados, acusados de pertenecer a organizaciones político-militares, nos asociaron con grupos armados y dijeron que éramos defensores de guerrilleros. Tuvimos acceso a un documento que llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, donde ubicaban a sacerdotes católicos como promotores de movimientos subversivos. Como director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, me señalaron como parte de la línea dura de la teología de la liberación, que pregonaba que sólo las armas cambiarían la realidad de la Montaña. Fue un documento auspiciado por los militares y elaborado por el Cisen. En esos años se trataba de ubicar a las organizaciones sociales y movimientos religiosos que supuestamente apoyaban al EZLN.
Cuando defendimos a Valentina Rosendo e Inés Fernández, víctimas de violación y tortura sexual por militares, enfrentamos junto con ellas amenazas graves, al grado de que debimos cerrar nuestras oficinas en Ayutla. Valentina con su pequeña hija tuvo que huir del estado. Pese a las denuncias, los ministerios públicos se negaron a investigar. En febrero de 2009, criminales, coludidos con el presidente municipal de Ayutla, desaparecieron y asesinaron a dos defensores del pueblo Tu un savi, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. En lugar de indagar a las autoridades, filtraron la información de que Raúl pertenecía a la guerrilla, justificando su homicidio.
Sus ejecuciones se enmarcan dentro de la guerra de contrainsurgencia aplicada en Guerrero contra los luchadores sociales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales para proteger a Inés Fernández, Valentina Rosendo, así como al equipo de Tlachinollan. En 2010 la Corte Interamericana declaró por unanimidad que el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a las garantías judiciales de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Varios soldados fueron responsables de violaciones y torturas sexuales contra Inés y Valentina. El cumplimiento de las dos sentencias y el castigo a los responsables ha implicado riesgos y amenazas para las familias de las dos compañeras y para los miembros de Tlachinollan.
Ante la decisión unilateral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de construir una presa hidroeléctrica en el afluente del río Papagayo, los campesinos opositores del núcleo comunal de Cacahuatepec se organizaron para defender su río y sus tierras. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), que bajo el liderazgo de Marco Antonio Suástegui ejercieron su derecho a la protesta y públicamente se opusieron a ser despojados y desplazados de su territorio. Los tres niveles de gobierno criminalizaron su movimiento. Causaron divisiones, provocaron enfrentamientos y consumaron varios asesinatos. Encarcelaron a Marco Antonio y lo trasladaron al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Como Tlachinollan asumimos su defensa y demostramos su inocencia. En los tribunales agrarios ganamos cinco juicios y echamos abajo los planes aviesos de construir la presa, que, con el apoyo de la Procuraduría Agraria, la presidencia municipal de Acapulco y los gobernadores en turno, trataron de imponerla utilizando la fuerza pública.
Para contrarrestar la presencia del Cecop en las comunidades pobres del Acapulco rural, las autoridades municipales se coludieron con empresarios corruptos y grupos criminales. La extracción ilegal de los recursos pétreos y el trasiego de la droga en la región son los problemas que más afectan a los campesinos que en todo momento han pedido la intervención de las autoridades. En lugar de proteger sus tierras comunales se ha incrementado el despojo y la violencia, al grado que en la región la disputa territorial es sangrienta por la presencia del grupo delincuencial Los Rusos y la UPOEG. Las dos organizaciones junto con elementos de la policía ministerial de Acapulco tienen que ver con la desaparición de Vicente Suástegui, defensor del territorio y hermano de Marco Antonio.
La documentación divulgada en las últimas semanas como resultado del hackeo contra la Sedena, evidencia que se ha espiado a los defensores y líderes sociales del Cecop y de Tlachinollan. Sus informes están plagados de mentiras. Falsamente y sin fundamento, se nos acusa de una amenaza para el gobierno. Nos tratan como delincuentes. Por el contrario, no se investiga con seriedad a los grupos criminales que han devastado el río Papagayo, los que están vinculados con el negocio de la droga y la venta de armas y han causado terror en la población del Acapulco rural.
Los aparatos de inteligencia se han convertido en fábrica de mentiras, en enemigos de las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos.
Las falsas acusaciones en nuestra contra señalándonos como promotores de la ingobernabilidad en la región, desacreditan nuestra labor y nos colocan en alto riesgo. La criminalización contra los defensores y luchadores sociales debe cesar.
“La criminalización contra luchadores sociales debe cesar”
Artículo de Abel Barrera* publicado originalmente en La Jornada el 17 de octubre de 2022.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan
