La democracia, de manera simple en términos de Rousseau, es aquella voluntad popular y colectiva cedida a una persona legítima para que represente y atienda las necesidades del pueblo por el bien común. Sin embargo, cuando este modelo político se aleja de los derechos humanos, la seguridad y la vida de las personas, no sólo la verdadera democracia se pone en riesgo, sino también al pueblo mismo.
Este peligro social se ha agravado en México durante los últimos sexenios presidenciales, con políticas de seguridad y de combate al crimen organizado fallidas, que no han logrado garantizar los derechos a la vida y la paz social. Por el contrario, han exacerbado la violencia en el país. Ello ha sido resultado de lógicas militaristas implementadas por el gobierno a través del aumento del uso de las fuerzas armadas, que ponen en riesgo a los derechos humanos.
La Guardia Nacional, promovida desde el Poder Ejecutivo federal de la actual administración, se presentó como aquel organismo garante de seguridad y paz para la población, a través de actividades de seguridad pública con un mando civil. Es importante mencionar que dicha promesa se realizó en el marco de una guerra declarada contra el narcotráfico desde el sexenio de Felipe Calderón, la cual no ha logrado restablecer la paz en los territorios, sino que ha incrementado la violencia y violaciones graves a derechos humanos. A pesar de esto, las reformas constantes hacia la normatividad de la Guardia Nacional, principalmente las recién aprobadas, han generado temores sobre el respeto a los derechos humanos.
El marco normativo de inicios de este gobierno, que dio paso a la Guardia Nacional, establecía que la seguridad ciudadana debería estar a cargo de mandos civiles para el respeto y procuración del estado de derecho; asimismo, establecía la obligación para el retiro paulatino de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública, lo cual debía concretarse en los próximos cinco años. Sin embargo, con la modificación reciente plantea que la dirección del organismo se encontrará bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, omitiendo el carácter civil prometido y regresando a la índole militar; más todavía, se amplió el periodo para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles.
Como lo han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, colocar a militares en apoyo a tareas de seguridad pública vulnera el estado de derecho y los derechos humanos.
Es necesario comprender que la crisis de violencia e institucionalidad que se vive en el país es consecuencia en buena parte de políticas capitalistas que han apostado por el extractivismo y el despojo de las tierras y territorios a través de la violencia y en complicidad con los grandes poderes económicos internacionales; de la represión ejercida hacia movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos para “resguardar el orden social”, de falta de justicia en un país con un índice de impunidad de más de 90 por ciento, de un modelo de seguridad incompatible con la democracia y la paz, y el crecimiento del crimen organizado.
La búsqueda de la paz, por medio del esclarecimiento de la verdad y la justicia, ha sido la exigencia de diversas víctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos, quienes han sufrido la represión, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad bajo el mando militar, tal como sucedió con los movimientos estudiantiles el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, o, más reciente, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Así, sin haber fincado las correspondientes responsabilidades y mucho menos las debidas sanciones, la impunidad se ha mantenido.
Estos referentes históricos nos vienen a recordar que el mando militar ha sido, por desgracia, sinónimo de represión de protestas y movimientos sociales, que no ha garantizado la seguridad civil. Por tanto, no hay cabida para la protección de la vida y los derechos humanos con personas militares haciendo labores de carácter civil.
Oponernos a que se continúe con la estrategia de seguridad fallida de mantener al mando militar en las calles no es gratuito. Por el contrario, es necesario diseñar estrategias de seguridad que eviten a toda costa otorgar aún más poder al Ejército, que se priorice garantizar los derechos humanos de la población civil según lo establecido en la Constitución mexicana y estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que se haga frente al crimen organizado de manera multisectorial y desde los distintos niveles de gobierno.
La seguridad no se garantiza ni con violencia, ni con armas, ni con militares, así como el uso excesivo de la fuerza es innecesario para solucionar las desigualdades sociales. Lo que necesitamos es construir una democracia social para desmontar las estructuras sociales y recuperar la paz a través de la justicia que nos ha sido arrebatada con las armas.
Puedes leer el artículo escrito por Miguel Concha en La Jornada
