Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa.
El caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa está en un momento decisivo y puede marcar un hito en la historia de México. A ocho años de lo sucedido en Iguala, Guerrero, se necesita un acceso a la verdad y a la justicia, y que se termine con la incertidumbre por la que han pasado las familias de los normalistas.
Todo ello requiere que la investigación siga su curso de forma independiente. Se necesita que las autoridades que tienen a su cargo el caso refuercen a la unidad especializada que reúne las pruebas y las autoridades involucradas entreguen la información que se necesita para encontrar lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre, porque la llamada “verdad histórica” no se sostiene.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes, en 2014, llevó a la creación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes), un mecanismo independiente nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer con pruebas y estudios especializados lo que sucedió en Guerrero.
Presentamos dos informes, en septiembre de 2015 y en abril de 2016, que mostraron que lo que en ese momento el gobierno mexicano llamó la “verdad histórica”, no tiene fundamentos.
Contrario a lo que señalaba la investigación inicial, los jóvenes no fueron confundidos con narcotraficantes y fueron seguidos por el Ejército y los servicios de inteligencia hasta llegar a la ciudad donde tomaron autobuses para acudir a una marcha el 2 de octubre, el aniversario de la masacre en contra de estudiantes en Tlatelolco.
Tampoco interfirieron en ningún acto político y no solo las Policías municipales de Iguala y Cocula fueron las responsables de su desaparición por estar ligadas al cártel de Guerreros Unidos. En total, participaron elementos de cinco Policías, lo que significa la participación de corporaciones estatales y federales. Incluso, documentamos que a lo largo de la noche del 26 de septiembre, miembros del Ejército observaron los hechos sin actuar para proteger a los jóvenes.
Los estudiantes no fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula: dos peritajes independientes, uno del GIEI y otro del Equipo Argentino de Antropología Forense mostraron que ese incendio no había sucedido.
Durante el gobierno anterior, confirmamos a través de videos que las declaraciones de algunos detenidos fueron obtenidas por medio de tortura, donde estuvieron presentes funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En las declaraciones que se obtuvieron de los detenidos, varios de ellos miembros de Guerreros Unidos, se autoinculparon y confirmaron la versión que se les impuso.
Por ejemplo, la declaración de que los restos de los estudiantes fueron tirados en bolsas al río San Juan, fue manipulada y resultó falsa pues el 28 de octubre de 2014 funcionarios de la PGR colocaron las bolsas con las pruebas, como demostramos por medio de videos que nunca se incorporaron al expediente. El hallazgo de un hueso el 29 de octubre en ese mismo sitio quedó cuestionado por ello y el responsable de estos hechos, Tomás Zerón, en ese entonces titular de la agencia de investigación criminal de la PGR, se encuentra prófugo en Israel.
Fue a lo largo de dos años de trabajo en la zona que descubrimos la existencia de un quinto autobús y la de los jóvenes que sobrevivieron a la persecución. Demostramos que mediante autobuses de pasajeros modificados se trafica heroína y dinero entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, un hecho que la PGR negó, pero que pudo ser el origen de los ataques a los estudiantes.
Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, el GIEI fue llamado de nuevo como apoyo para la unidad especial que la actual Fiscalía General de la República (FGR) creó para investigar el caso y que contaba con un fiscal independiente. En ese momento la disposición gubernamental para resolver el caso era otra: se creó una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En medio de esa voluntad presidencial, logramos acceder a los archivos del Ejército y la Marina, y encontramos que las autoridades del gobierno anterior se dedicaron más a crear una versión que a buscar realmente a los desaparecidos.
Pero en estas últimas semanas hubo acontecimientos precipitados. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, realizó presiones inaceptables al jefe de la unidad especial de investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien dimitió recientemente por ello.
Entre los documentos del Ejército constan intercepciones de mensajes entre el crimen organizado y funcionarios policiales desde el 26 de septiembre y hasta el 4 de octubre, lo que probaría que los estudiantes estaban vivos días después.
Nuestro grupo ha pedido insistentemente acceso al conjunto de estos mensajes, de los que incluso se ha negado su existencia, aunque se sabe que podrían incluir lugares de búsqueda. También descubrimos un video que forma parte de la investigación y no había sido revelado, en donde elementos de la Marina acudieron al basurero de Cocula dos horas antes de la llegada de la PGR al lugar. Se ven dos camionetas de donde se bajaron objetos, se alteró la escena entrando en ella y bajando bultos al lugar. Nada de eso se sabía hasta ahora, ni se incorporó a la investigación.
La Comisión de la Verdad presentó su informe el 18 de agosto, este confirmó todos los hallazgos anteriores, pero incluyó una nueva prueba de capturas de pantalla de chats entre miembros de Guerreros Unidos, autoridades municipales y familiares, y miembros del Ejército, uno de los cuales mostraría la implicación del jefe del 27 batallón.
En el GIEI no conocíamos este hallazgo y actualmente estamos analizando la fiabilidad de dicha prueba de acuerdo a los estándares de investigación.
Esto ha llevado a conformar procesos judiciales en contra del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que no incluyen toda la evidencia que existe en su contra. También a que, después de presentar ante el juez a 83 inculpados, la misma FGR desestimara 21 órdenes de aprehensión incluidas aquellas en contra de personal militar, sin señalar los motivos.
Los familiares necesitan certezas, no más ambigüedades en un caso en el que se les ha mentido tanto. La energía que nos ha llevado hasta aquí es la lucha por la verdad para los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. La verdad se empeña si hay quien la empuje. En este momento de aceleración de la historia, estamos en la disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento. La verdad, aunque sea incómoda, es sanadora, la impunidad dejaría la herida de Ayotzinapa abierta. Ahora se decide el futuro del caso, pero también el de México para las nuevas generaciones.
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