Los documentos del Ejército que se han hecho públicos sobre el caso Tlatlaya arrojan luz sobre cómo opera el encubrimiento al Ejército por la CNDH y otras instancias.
Cuando Raúl Plascencia Villanueva era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en el periodo 2009-2014), en un inicio rechazó emitir una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hay documentos de que, si se emitió la recomendación correspondiente, esto sucedió porque no lo apoyaron en su intento de ocupar una silla como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el informe interno del Ejército que se encuentra entre los miles de correos hackeados por “Guacamaya”.
A la par, se muestra que en estas negociaciones participó CEAV y que SEDENA, institución que se coordinó con los abogados particulares de los militares imputados y buscó desprestigiar a las víctimas.
En un contexto de profundización de la militarización es relevante recordar que eso no ha cambiado: hoy la CNDH negocia con FFAA no impugnar las reformas militaristas, y SEDENA se coordina con abogados particulares para defender a militares imputados en el caso Ayotzinapa. Puedes leer más al respecto en la publicación del Centro Prodh: Tlatlaya a un año: La orden fue abatir – Centro Prodh