La designación de un nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa significa un gran retroceso para el caso Ayotzinapa. Tomaría el puesto es Rosendo Gómez Piedra, quien solía tener un alto cargo del Gobierno de Tabasco y antes era el comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar federal. Se trata de una decisión que no se ha comunicado ni explicado a las familias de las víctimas, y no se consultó al GIEI o pidieron asistencia técnica para la toma de decisión.
Rosendo Gómez tiene un perfil político, sin experiencia en investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos.
A mediados de agosto de este año, el fiscal Gertz ordenó a personal de la Fiscalía de Asuntos Internos que tomara el proceso contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, primer encargado federal del caso Ayotzinapa, entre finales de 2014 y principios de 2015. En medio de este caso, la FGR ordenó cancelar además 21 de las 83 órdenes de detención que un juez había concedido a la UEILCA contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.
Cabe destacar que de las 21 órdenes canceladas, 16 eran contra militares, una contra el comandante de uno de los batallones que funcionaban en Iguala en la época del ataque contra los estudiantes normalistas. La decisión posterior de la FGR de pedir al juez que cancelara órdenes de detención contra militares avivaba las dudas sobre espacio de maniobra de que gozaban los investigadores.
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