Este artículo se publicó originalmente en el diario El País el 25 de septiembre de 2022.
Documentos en poder de EL PAÍS revelan un conflicto entre la dependencia, que comanda el fiscal Alejandro Gertz, y la unidad que investiga la matanza de los estudiantes y encargada de girar las peticiones de arresto
Parte de los documentos que obtuvo EL PAÍS, que prueban la cancelación de las órdenes de detención.
Pablo Ferri
La fiscalía general de la República (FGR) ha solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto.
Documentos obtenidos por EL PAÍS y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro. La dependencia no ha informado del resto.
Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014.
Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada.
Además de los militares, el juez a cargo del caso, con sede en Toluca, ha aceptado cancelar igualmente las órdenes de detención contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Militares visitan la Barranca de la “Carnicería” en Cocula, Guerrero, en la que fueron hallados restos óseos de dos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2021.
Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que la petición de cancelar las órdenes no ha salido de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA). Creada a mediados de 2019, la unidad, comandada por Omar Gómez Trejo, se ha encargado de las pesquisas estos años, ayudada por la comisión presidencial y el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México a tal fin. Los avances han sido importantes en este tiempo, principalmente el hallazgo de restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos, o la reconstrucción del presunto montaje que orquestaron sus antecesores para cerrar con premura la investigación.
La sintonía entre la unidad y la Fiscalía había sido buena estos años, pero el proceso contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general, primer encargado de las pesquisas del caso Ayotzinapa durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha generado una ruptura entre las partes. Las mismas fuentes mencionadas arriba señalan que el fiscal Gertz ordenó acelerar las acusaciones contra Murillo a mediados de agosto. La UEILCA planteó entonces un plazo de un mes para consignar la acusación al juzgado. Pero Gertz se negó y desplazó a la Unidad.
El fiscal general ordenó entonces a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tomara el caso de Murillo de manos de la UEILCA y lo presentara al juzgado. La FGR detuvo a Murillo el 19 de agosto y consiguió que un juez lo procesara a la semana siguiente por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. En las audiencias, el juez criticó a los fiscales de Asuntos Internos, quienes, dijo, no parecían conocer el caso. Las mismas fuentes señalan que desde entonces, Asuntos Internos mantiene “ocupada” la UEILCA, desplazando al equipo original de Gómez Trejo.
En este contexto, la FGR ha empezado a tomar decisiones sobre las actuaciones previas de la UEILCA. Una de las decisiones de la dependencia ha sido pedir la cancelación de estas 21 órdenes de aprehensión, la mayoría contra militares. La FGR ingresó la solicitud el 7 de septiembre y el juez accedió días más tarde.
Las capas del caso
La aceleración del caso Ayotzinapa en las últimas cinco semanas ha sido constante, al punto de resultar a veces desconcertante. El 18 de agosto, la UEILCA presentó al juez la solicitud para detener a 83 personas por el caso, conocido en el medio como pliego de consignación. Entre las órdenes había 20 contra militares, aunque uno de ellos, el capitán José Martínez Crespo, estaba ya en prisión desde 2019. El juez accedió a la petición al día siguiente.
En esos mismos días, la comisión presidencial que investiga el caso presentó las conclusiones de su trabajo en un informe. Lo hizo dos veces. La primera, el 18 de agosto, no generó demasiado ruido. El encargado de la comisión, Alejandro Encinas, señaló que el ataque contra los estudiantes y la desaparición de los 43 había sido un crimen de Estado. En el informe venían cantidad de mensajes tachados, comunicaciones de la red criminal de Iguala en la época que, según Encinas, probaban la participación de autoridades de Gobierno de todos los niveles en el ataque.
La segunda presentación tuvo lugar el 26 de agosto, durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tratando de atajar las críticas por la falta de novedades que aportaba el informe, Encinas desveló algunos datos que en el documento venían tachados. Uno sorprendió por lo que planteaba. Encinas dijo que alias El coronel era en realidad el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, José Rodríguez. Encinas dijo que Rodríguez había ordenado matar a seis de los 43 normalistas, mantenidos cautivos durante días después del ataque.
Entre las dos presentaciones del informe, la división de Asuntos Internos de la FGR defendió el caso contra Murillo Karam en el juzgado. Detenido el 19 de agosto, el juez procesó a Murillo Karam el día 24 y lo mandó a prisión. Las audiencias del exprocurador desviaron el foco de atención de las órdenes de detención que había pedido la FGR días antes. La cantidad de avances y novedades registrados en pocos días las dejaron en segundo plano.
El 7 de septiembre, EL PAÍS informaba de que una de las 83 personas contra las que existía una orden de detención desde el 19 de agosto era precisamente el antiguo coronel José Rodríguez. Actualmente retirado, Rodríguez había ascendido a general en 2015. La orden de capturarlo no era, sin embargo, por coordinar el asesinato de seis de los 43, sino por delincuencia organizada y la desaparición forzada de los muchachos. Para entonces, la información que había compartido la comisión no constaba todavía en el expediente que ha armado la UEILCA estos años.
A la semana siguiente, el 15 de septiembre, el Gobierno federal informó de la detención de Rodríguez y de otros tres militares de los 20 cuya captura había pedido la FGR a mediados de agosto. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, dijo: “Hay cuatro órdenes de captura”. Mejía se refería a Rodríguez, al capitán Crespo, preso desde 2019, al sargento Eduardo Mota y al subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada desde hacía años, se le añadió el delito de desaparición forzada. A Pirita y Mota se les acusó de ambos. A Rodríguez solo de delincuencia organizada, aunque la Fiscalía podría añadir nuevas acusaciones a partir de la información de la comisión. Los cuatro están recluidos en la prisión militar de Ciudad de México.
En sus declaraciones del 15 de septiembre, Mejía no informó sobre el estado del resto de órdenes de detención, ni en el caso de los militares ni en el de los civiles. Durante todas estas semanas, la FGR ha permanecido en silencio. Ante el anuncio de la captura de Rodríguez y los demás, este diario preguntó a la dependencia por los otros 16 militares que buscaba. A través de un vocero, la respuesta de la dependencia entonces fue: “No sé, lo checo”.
Continúa leyendo en El País.
Un comentario