Atravesamos un contexto pesaroso en el que, desde el Poder Legislativo, acatando la voluntad del Ejecutivo, se están tomando decisiones que profundizan de manera deliberada la militarización de la seguridad pública, con un marco jurídico laxo y sin controles, poniendo en riesgo los balances democráticos y el respeto a los derechos humanos.
La semana pasada, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un paquete de modificaciones legislativas con las que se adscribe el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aun cuando esto contraviene el artículo 21 constitucional. Ahora se pretende prolongar el tiempo en que el Ejército y la Secretaría de Marina pueden intervenir en las tareas de seguridad pública: no sólo hasta 2024, —plazo que se tenía pactado para fortalecer a las policías estatales y municipales— sino hasta 2029, imponiendo así un esquema transexenal.
Ante dicho contexto, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado, en el cual lamentaba el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Foto: José Luis de la Cruz (EFE)
