Este 14 de septiembre en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para mantener a las fuerzas armadas en tareas de “seguridad pública” hasta 2028. La reforma fue aprobada con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención.
En próximos días se discutirá y votará en el Senado de la República. Organizaciones de derechos humanos, como el Centro Prodh y Amnistía Internacional, han criticado esta iniciativa y han hecho llamado al Senado a no convalidar estas modificaciones legislativas y no apostar por un modelo de seguridad militarizado.
Desde la creación de la Guardia Nacional, en 2019, se estableció el carácter civil de esta institución y se indicó que el Ejército sólo podría participar en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, complementaria y fiscalizada. Actualmente la GN cuenta con 115,000 elementos formados en mayor medida de manera militar y supuestamente estarán luchando contra el crimen organizado y la ola de violencia ha perseguido a México estos últimos 15 años.
