Este es un artículo de Mario Patrón publicado originalmente en La Jornada.
El pasado 1º de septiembre, Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto Informe de gobierno, donde expuso los avances y pautas de acción más sobresalientes de su gestión en el último año. Como ya es costumbre en un país asolado por la violencia, la agenda de seguridad tuvo un lugar relevante, no sólo en el texto del Informe, sino también como el tema que más ha suscitado debate en el espacio público los días recientes, en particular alrededor de los asuntos de la Guardia Nacional, la prisión preventiva y la crisis forense y de desaparición forzada en México.
López Obrador presumió en su Informe una tendencia de reducción de la violencia y la inseguridad construida en función de la disminución cuantitativa de algunos delitos del fuero federal, como el robo, el secuestro y -en mucha menor medida- los homicidios. Como factor preponderante en el logro de esta meseta en homicidios y del decremento delictivo, el Presidente reivindicó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad del país, que -afirmó- no permitirá la violación a derechos humanos.
A lo largo de estos cuatro años, López Obrador ha repetido su convicción de que la clave de la paz es la justicia. Sin embargo, en los hechos, esta máxima no se sostiene, como tampoco el “no somos iguales”, que fue una de las frases rectoras de la campaña de promoción de este Informe; pues, cualquier ejercicio analítico de su estrategia de seguridad y justicia que se realice desde la perspectiva y estándares de los derechos humanos, revela que su aproximación es mucho más parecida a la implementada en los sexenios anteriores de lo que parece estar dispuesto a admitir.
La aprobación en la Cámara de Diputados del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y la reciente admisión del Presidente sobre su cambio de opinión respecto del regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, son pruebas fehacientes de la continuidad del proceso de militarización de la seguridad pública que ha estado en curso en México durante tres sexenios; estrategia que, por cierto, ha revelado ser no sólo ineficaz y riesgosa para los derechos humanos.
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