El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhortó urgentemente a México a anular la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. “La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones” indicó Miriam Estrada-Castillo, la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares.
Bajo el artículo 19 de la Constitución, se obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Ayer, el ministro Luis María Aguilar presentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su proyecto en el que se solicita que se invalide el artículo 19 constitucional, así como el artículo 117 del Código de Procedimientos penales y el artículo 5 fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional, donde se establece la prisión preventiva oficiosa y automática.
El ministro compartió, como datos, que actualmente hay 226 mil personas privadas de su libertad y que al menos 92 mil personas están en prisión preventiva, es decir, el 40%. “Esta cifra me parece alarmante”, dijo el ministro. Habló de la necesidad de aplicar la prisión preventiva como una medida excepcional y no como una regla, como sucede actualmente en nuestro país.
Las y los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá brindaron sus argumentos, tres de ellos en contra del proyecto y uno a favor de invalidar la prisión preventiva oficiosa, pero en contra de “inaplicar” el artículo 19 constitucional.
Hoy se continuará con la discusión y votación del proyecto.
