México puede liderar a escala global con “una legislación del agua basada en la primacía de los derechos humanos”. La nueva ley en la materia (pendiente desde hace una década) debe superar desigualdad, sobrexplotación, corrupción y dinámicas de privatización del líquido, “problemas gravísimos que ciudadanos han identificado”, sostuvo Pedro Arrojo, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento.
Recordó que el Congreso de la Unión, que ha sido omiso en emitir la legislación según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede recuperar el dictamen, porque más allá del reconocimiento formal de estas garantías (que ya existe en la Constitución), es necesario aterrizarlo en nuevos marcos legales para normar la gestión. Dijo que la iniciativa ciudadana de la ley general de aguas “ha promovido un proceso de participación sin precedentes.
* Retomado de La Jornada
