Por iniciativa del decidido grupo de abogados y abogadas de la Cancillería que diseñó la estrategia de litigio contra las grandes empresas armamentistas de los Estados Unidos, un grupo plural de académicas, académicos, activistas, víctimas y organizaciones civiles nos sumamos a ese relevante proceso judicial presentando, mediante la figura de un amicus curiae, consideraciones de hecho y de derecho sobre el impacto en vidas perdidas de esta industria.
Como una de las organizaciones civiles de derechos humanos que se sumó a este empeño, el Centro Prodh contribuyó aportando información sobre casos y situaciones que dotan de rostro y concreción al impacto que tiene en México la violencia causada con armas de fuego. Hicimos referencia, por ejemplo, al homicidio de Francisco Javier Barajas Piña, asesinado el 29 de mayo de 2021 en Salvatierra, estado de Guanajuato. A Javier lo mataron porque él y su valiente familia, ante la negligencia gubernamental, se hicieron cargo de la búsqueda de su hermana Guadalupe Barajas, desaparecida en la misma entidad en febrero de 2020. Cuando más adelante fueron detenidos los presuntos homicidas, tenían en su posesión un arma de fuego que pericialmente se demostró que correspondía a la que disparó los casquillos encontrados en la escena del homicidio de Javier. El arma resultó de reciente fabricación norteamericana.
Pero no es necesario soslayar esta realidad para enfatizar, simultáneamente, que el flujo de armas provenientes de los Estados Unidos es también causa de nuestra crisis de violencia. Particularmente, la insensata tolerancia del comercio prácticamente libre e irrestricto de rifles de asalto y armas poderosas, que después cruzan con facilidad nuestra porosa frontera para causar daños irreparables mientras la industria armamentista incrementa sus utilidades, ha contribuido al aumento cuantitativo y cualitativo de nuestra interminable crisis de violencia.
