La conducta presidencial forma parte de los elementos que han facilitado la actuación de los grupos de poder institucional y/o fácticos en contra del quehacer informativo. Un segundo elemento que ha contribuido a la espiral de violencia, es la falta de efectividad del Estado para proteger y garantizar la libertad de expresión. El tercer elemento que se encuentra presente, es sin duda la crispación social alentada por AMLO y sus opositores.
Ante la confrontación que día a día sostienen el presidente y sus opositores, la sociedad debe movilizarse para exigir el respeto de la libertad de expresión y como consecuencia de ello, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la vida, la integridad personal y la labor de los periodistas; también es necesario que las organizaciones que defienden a los periodistas, además de seguir denunciando las agresiones, impulsen un debate público en el que se revisen las condiciones laborales de los comunicadores (salarios, prestaciones contractuales, horario de trabajo, etcétera).