{"id":855,"date":"2019-08-20T14:06:43","date_gmt":"2019-08-20T19:06:43","guid":{"rendered":"http:\/\/centroprodh.org.mx\/rompiendoelsilencio\/?p=855"},"modified":"2019-08-20T14:06:43","modified_gmt":"2019-08-20T19:06:43","slug":"cuando-la-violencia-sexual-constituye-tortura-articulo-en-animal-politico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centroprodh.org.mx\/rompiendoelsilencio\/2019\/08\/cuando-la-violencia-sexual-constituye-tortura-articulo-en-animal-politico\/","title":{"rendered":"Cuando la violencia sexual constituye tortura – Art\u00edculo en Animal Pol\u00edtico"},"content":{"rendered":"

Es fundamental que las autoridades fomenten la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n estad\u00edstica sobre los casos de violencia y tortura sexual cometida en contra de mujeres por parte de autoridades y particulares, as\u00ed como la investigaci\u00f3n acerca del alcance, las causas y los efectos de la violencia y la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia.<\/em><\/p>\n

Durante los \u00faltimos d\u00edas, gracias a cientos de mujeres que han alzado la voz, se ha puesto en el centro de la agenda p\u00fablica una grave problem\u00e1tica de atenci\u00f3n impostergable: la violencia sexual cometida por agentes de seguridad p\u00fablica. Aunque esta expresi\u00f3n de violencia de g\u00e9nero no ha sido exhaustivamente documentada en M\u00e9xico, instituciones acad\u00e9micas y organizaciones de la sociedad civil hemos realizado esfuerzos para acompa\u00f1ar<\/strong><\/a><\/span> a las sobrevivientes y aproximarnos a esta situaci\u00f3n buscando entenderla y tener propuestas sobre las medidas que deber\u00edan implementarse para erradicar esta grave violaci\u00f3n a los derechos humanos de las mujeres.<\/p>\n

La violencia sexual contra las mujeres constituye una expresi\u00f3n de discriminaci\u00f3n en tanto que, dependiendo del g\u00e9nero, se menoscaba o no una gran variedad de derechos. Por ello es obligaci\u00f3n del Estado garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia<\/a>[1]<\/span><\/strong>\u00a0como medida indispensable para compensar la desigualdad estructural que las coloca en un riesgo permanente de atentados contra la vida, la libertad y la integridad personal y sexual.<\/p>\n

En atenci\u00f3n a las m\u00faltiples repercusiones que esta violencia tiene en la vida de las mujeres y a la desproporcionada relaci\u00f3n de poder entre agresor y v\u00edctima, el derecho internacional de los derechos humanos ha implementado una interpretaci\u00f3n en la cual, en determinadas circunstancias, la violencia sexual por razones de g\u00e9nero puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.<\/p>\n

En primer lugar, la violaci\u00f3n sexual equivale a tortura cuando es infligida por un funcionario p\u00fablico, a instigaci\u00f3n suya o con su consentimiento o aquiescencia; el Estado tambi\u00e9n es responsable cuando particulares cometen este tipo de actos y no act\u00faa con la diligencia debida para impedirlos, detenerlos o sancionarlos o para ofrecer una reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas[2]<\/strong><\/span>. En segundo lugar, una violaci\u00f3n sexual puede considerarse tortura cuando re\u00fana los elementos establecidos por Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, as\u00ed como en la Ley General contra la Tortura, es decir: que exista intencionalidad de realizar el acto; que ocasione sufrimiento severo en la v\u00edctima y que haya una finalidad de cometerla por parte de los perpetradores, aun cuando consista en un hecho \u00fanico u ocurra fuera de instalaciones estatales.[<\/span>3]<\/span><\/strong><\/p>\n

Los elementos de intencionalidad y finalidad se re\u00fanen cuando el acto est\u00e1 motivado por el simple hecho de ser una mujer o en raz\u00f3n a su identidad de g\u00e9nero, su orientaci\u00f3n sexual real o aparente, o su incumplimiento de las normas sociales relativas al g\u00e9nero y la sexualidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que la violaci\u00f3n sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros fines, el de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre[4]<\/strong><\/span>. Al respecto, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU advirti\u00f3 que la violaci\u00f3n y la violencia sexual han sido usadas hist\u00f3ricamente como un mecanismo para demostrar el poder del perpetrador sobre las v\u00edctimas.[5]<\/span><\/strong><\/p>\n

En los casos de In\u00e9s Fern\u00e1ndez Ortega vs M\u00e9xico<\/span><\/strong><\/a>; Valentina Rosendo Cant\u00fa vs M\u00e9xico<\/span><\/strong><\/a>[6]<\/span><\/strong> y Mujeres V\u00edctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. M\u00e9xico<\/a>[7]<\/span><\/strong>, la Corte IDH adopt\u00f3 la misma perspectiva al sostener que la violaci\u00f3n sexual constituye tortura, por lo que el Estado mexicano ha sido se\u00f1alado como responsable en 3 resoluciones internacionales de haber cometido esta grave violaci\u00f3n a los derechos humanos involucrando la participaci\u00f3n de diversas autoridades como la Polic\u00eda Estatal, la Polic\u00eda Federal y el Ej\u00e9rcito.<\/p>\n

En 2014, las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en San Salvador Atenco<\/span><\/strong><\/a> impulsaron la campa\u00f1a Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual<\/span> <\/strong>para fortalecer la solidaridad entre sobrevivientes de esta grave violaci\u00f3n, en la cual participan diversas organizaciones de la sociedad civil[<\/span>8]<\/span><\/strong> y mujeres provenientes de 24 entidades de la Rep\u00fablica. Desde entonces, en el Centro Prodh<\/span><\/strong> hemos tenido conocimiento de 110 casos<\/span><\/strong><\/a> de mujeres que manifestaron haber sido v\u00edctimas de tortura sexual al momento de su detenci\u00f3n o durante la custodia ministerial por parte de las Fuerzas Armadas, Polic\u00eda Federal, polic\u00edas estatales y municipales. Mediante la documentaci\u00f3n de 29 de estos casos<\/span><\/strong><\/a> confirmamos que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alimentan y permiten su comisi\u00f3n. Una de estas historias es la de M\u00f3nica Esparza<\/span><\/strong><\/a>, quien hasta hoy contin\u00faa privada de la libertad pese a que la propia CNDH<\/strong> acredit\u00f3 hace a\u00f1os que fue v\u00edctima de tortura sexual. Con fuerza y admirable capacidad de resiliencia, M\u00f3nica y su familia siguen esperando que haya justicia.<\/p>\n

El gobierno ha realizado esfuerzos incipientes por documentar la dimensi\u00f3n del fen\u00f3meno. En julio de 2017, en la Encuesta Nacional de Poblaci\u00f3n Privada de la Libertad<\/strong> (ENPOL<\/strong>), el INEGI<\/strong> dio a conocer cifras preocupantes<\/span><\/strong><\/a> sobre los abusos que se cometen en el per\u00edodo que va de la detenci\u00f3n a la llegada a sede ministerial. La violaci\u00f3n sexual estuvo presente en un 12.7 % en casos de mujeres y un 4.0 % trat\u00e1ndose de hombres: la recurrencia de la violaci\u00f3n sexual contra las mujeres detenidas es tres veces mayor que en hombres. No dejamos de se\u00f1alar que el cuestionario que utiliz\u00f3 el INEGI<\/strong> no fue dise\u00f1ado para identificar otras formas de violencia sexual, por lo que s\u00f3lo muestra una peque\u00f1a parte del problema. Por su parte, de informaci\u00f3n obtenida mediante solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n, la CNDH<\/strong> concluy\u00f3 que, de 2006 a 2016, en el 72 % de recomendaciones<\/a><\/span><\/strong> en donde se acreditaron actos de tortura cometidos en agravio de mujeres, los hechos incluyeron actos de \u00edndole sexual.<\/p>\n

La indiferencia o inacci\u00f3n del Estado constituye una forma de incitaci\u00f3n o de autorizaci\u00f3n para que estos actos sigan ocurriendo, lo que sucede cuando \u00e9ste no previene ni erradica la violencia de g\u00e9nero[9]<\/span><\/strong>. Cuando los Estados conocen la existencia de un patr\u00f3n de violencia o la actuaci\u00f3n de agentes no estatales contra determinados grupos, est\u00e1n obligados a actuar con la debida diligencia para controlar y examinar los datos, informarse de las tendencias existentes y responder apropiadamente[10]<\/span><\/strong>, recordando que los Estados tienen una obligaci\u00f3n mayor de proteger a las personas vulnerables y marginadas de actos que pudieran configurar tortura[11]<\/span><\/strong>. En M\u00e9xico, la ineficacia judicial discriminatoria, que se manifiesta con la incapacidad para investigar, enjuiciar y castigar a los autores de los delitos, representa una violaci\u00f3n permanente del derecho de acceso a la justicia de las mujeres.[12]<\/span><\/strong><\/p>\n

En este contexto, es fundamental que las autoridades estatales y federales fomenten la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n estad\u00edstica sobre los casos de violencia sexual y tortura sexual cometida en contra de mujeres tanto por parte de autoridades como de particulares, as\u00ed como la investigaci\u00f3n acerca del alcance, las causas y los efectos de la violencia y la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia. De igual forma, se deben aplicar efectivamente las leyes y protocolos operativos para investigar y juzgar casos de violencia de g\u00e9nero; evitar la reducci\u00f3n significativa del gasto p\u00fablico como parte de las denominadas \u201cmedidas de austeridad\u201d para implementar pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de violencia de g\u00e9nero e informar sobre las medidas que hayan tomado los Estados y los resultados obtenidos.<\/p>\n

La persistencia de la tortura sexual contra las mujeres exige que la concibamos como un problema que exige respuestas integrales. El movimiento #NoMeCuidanMeViolan nos recuerda esa gran agenda pendiente. Hasta ahora, la respuesta de las autoridades no ha estado a la altura. La ruta de atenci\u00f3n adecuada no pasa por la descalificaci\u00f3n de las protestas sino por reconocer la gravedad del problema, prevenir su repetici\u00f3n, sancionar a los responsables y actuar ya para que ninguna sobreviviente de tortura sexual siga en prisi\u00f3n.<\/p>\n

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1<\/span><\/strong> Art\u00edculos 3, 4 y 7 de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1.<\/p>\n

2<\/span><\/strong> ONU. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A\/HRC\/31\/57, 5 de enero de 2016. P\u00e1rrafo 51. Informe realizado para evaluar la aplicabilidad de la prohibici\u00f3n de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional a las experiencias propias de las mujeres, ni\u00f1as y personas lesbianas, gais, bisexuales, transg\u00e9nero e intersexuales.<\/p>\n

3<\/span> <\/strong>CIDH. Acceso a la justicia para mujeres v\u00edctimas de violencia sexual: la educaci\u00f3n y la salud, OEA\/SER.l\/V\/II.Doc. 65, 201.<\/p>\n

4<\/span> <\/strong>Corte IDH. Caso Rosendo Cant\u00fa y otra Vs. M\u00e9xico. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.Caso Rosendo Cant\u00fa y Otra vs. M\u00e9xico. P\u00e1rrafo 117.<\/p>\n

5<\/span> <\/strong>ONU. General Assembly. Violence against women, on the subject of race, gender and violence against women. Contribution submitted by the Special Rapporteur. A\/CONF.189\/pc.3\/5 (27 July 2001).<\/p>\n

6<\/strong><\/span> Corte IDH, Caso Fern\u00e1ndez Ortega y otros. Vs. M\u00e9xico. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.<\/p>\n

7<\/strong><\/span> Corte IDH. Mujeres V\u00edctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. M\u00e9xico. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28 de noviembre de 2018.<\/p>\n

8<\/span><\/strong> CMDPDH, Centro de Derechos Humanos de la Monta\u00f1a, Tlachinollan, JASS, Asociadas por lo Justo y Amnist\u00eda Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez<\/p>\n

9<\/span><\/strong> Comit\u00e9 contra la Tortura, comunicaci\u00f3n n\u00fam. 161\/2000, Dzemajl y otros c. Yugoslavia, decisi\u00f3n adoptada el 21 de noviembre de 2002.<\/p>\n

10<\/span><\/strong> ONU. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A\/HRC\/31\/57, 5 de enero de 2016, p\u00e1rrafo 11.<\/p>\n

11<\/span> <\/strong>ONU. Op. Cit. P\u00e1rrafo 7<\/p>\n

12<\/span> <\/strong>Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, caso n\u00fam. 12.051, Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, sentencia de 16 de abril de 2001.<\/p>\n<\/div>

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Texto publicado originalmente el 20 de agosto en\u00a0 \"\"<\/a><\/em><\/p>\n<\/div>

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