Samantha Michelle Castillo Montoya nació el 9 de agosto de 1993 en Saltillo, Coahuila; al momento de su detención arbitraria tenía 19 años, estudiaba el cuarto semestre de preparatoria y trabajaba en una agencia de edecanes y modelos.
Samantha Michelle fue detenida el 9 de mayo de 2013 en San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, a donde viajó para visitar a su novio, con quien llevaba algunos meses de relación. Mientras lo esperaba en el Café Pacífico, hacia las 22:30 horas, entró violentamente un grupo de aproximadamente cinco elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes, sin darle mayor explicación, le apuntaron con un arma en la cabeza, mientras le gritaban y la subían a una de sus camionetas.
Fue retenida ilegalmente en las instalaciones de la Semar durante un periodo de 48 horas, amarrada a una silla con los ojos vendados. Ahí recibió incontables golpes en el estómago, en la cara -con la mano abierta- y en la cabeza.
Durante todo el tiempo en el que estuvo bajo la custodia de los elementos navales, Samantha Michelle Castillo Montoya fue hostigada sexualmente y obligada a desnudarse frente a ellos en tres diferentes ocasiones; en una de ellas, le tomaron fotografías mientras la ridiculizaban, además de sufrir tocamientos en las zonas sexualizadas de su cuerpo. Al mismo tiempo, los marinos la obligaron a proporcionar las contraseñas de sus redes sociales y datos de contacto de su familia, además de amenazarla utilizando fotos de su hermano pequeño para que proporcionara información que desconocía.
Posteriormente, los elementos navales presentaron a la joven ante los medios de comunicación como la jefa operativa de un grupo delictivo, junto a un hombre y una mujer –María Magdalena Saavedra, cuyo caso también documentamos en el Centro Prodh– a quienes nunca antes había visto. Esta exposición ante los medios se dio en el marco de la retención prolongada e ilegal, es decir, antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público y de que les formulara imputación, transgrediendo su derecho a la presunción de inocencia, a ser puesta a disposición sin demora y al debido proceso.
En un intento por justificar la retención prolongada e ilegal, los elementos navales alegaron en el parte informativo y de puesta a disposición de personas que integrantes del grupo delictivo al que supuestamente pertenecía Samantha Michelle intentarían recuperar los objetos asegurados y a las personas detenidas, por lo que decidieron esperar por un vuelo y llevarla directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.
Samantha Michelle fue víctima de tortura física, psicológica y sexual y violación sexual a manos de elementos navales con el objetivo de que omitiera las circunstancias reales en las que ocurrió la ilegal detención. Ella hizo saber esto al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante quien rindió su declaración preparatoria y manifestó los actos de tortura de los que es sobreviviente.
Pese a que Samantha Michelle y sus coprocesados declararon que fueron torturados y de que su testimonio se encontraba robustecido por la certificación médica realizada por peritos oficiales en materia de medicina forense de la Procuraduría General de la República (PGR) -en la que se observa que Samantha Michelle presentaba múltiples hematomas en diferentes partes de su cuerpo con temporalidad de 24 a 48 horas, coincidentes con el tiempo en el que ella fue retenida ilegalmente-, el juez no otorgó valor probatorio a lo anterior. Argumentó que las lesiones eran un indicio que corroboraría el testimonio de Samantha Michelle Castillo Montoya pero que no existían datos para probar que las lesiones fueron causadas con el objetivo de que las personas detenidas declararan en el sentido en que lo hicieron; insistió en que era necesario que estuviera demostrada esa finalidad para considerar viciadas las pruebas y restarles eficacia probatoria, con lo cual y de manera indebida se les revirtió a las víctimas la carga de probar su dicho.
Con estos antecedentes, el 20 de mayo de 2013 el juzgador dictó auto de formal prisión en contra de Samantha Michelle Castillo Montoya por la supuesta comisión de los delitos de Acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; Contra la salud en su modalidad de Posesión con fines de comercio del psicotrópico denominado cocaína, en su variante de venta; y Operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de custodiar. Las únicas pruebas para esto fueron el parte informativo de los elementos de la Secretaría de Marina y su ratificación.
Después de seis años en un proceso injusto y privada de la libertad, Samantha Michelle se encuentra a la espera de que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí cumpla sus obligaciones jurisdiccionales dentro de la Causa Penal 48/2013, realizando un estudio minucioso de las constancias en las que se acreditan las violaciones a los derechos fundamentales de Samantha Michelle . Para hacer justicia en este caso, es fundamental la exclusión de las pruebas que fueron obtenidas de manera ilegal y un pronunciamiento contundente en torno a los actos de tortura de los que fue víctima a manos de los elementos de la Semar.
El 12 de febrero de 2014, el padre de Samantha Michelle presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC), denunciando la detención arbitraria de su hija. Sin embargo, por un tema de competencia, el 25 de marzo de 2014 la CDHEC remitió el expediente de queja a la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Torreón, Coahuila.
Samantha Michelle no encontró apoyo en la CNDH; aunque el organismo nacional hizo referencia en dos ocasiones a ella dentro de la Recomendación 20/2017 -emitida en favor de su coprocesada y coprocesado-, Samantha Michelle no es parte de la recomendación. Esto sucedió a pesar de que para ese momento la CNDH ya tenía conocimiento de su caso y de que dentro del proceso penal se encuentran desahogadas las pruebas que corroboran su dicho; el organismo nacional debía allegarse de estas pruebas a favor de Samantha Michelle para integrar debidamente el expediente de queja, pero no lo hizo.
Desde el Centro Prodh presentamos nuevamente una queja ante la CNDH –el 10 de octubre de 2017- para manifestar las violaciones a los derechos humanos de Michelle y nuestras preocupaciones en torno a la decisión de no incluirla en la recomendación emitida a favor de sus coprocesados en el año 2017. A la fecha, la CNDH no se ha pronunciado al respecto.
El caso de Samantha Michelle Castillo Montoya está documentado en el informe Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, publicado en 2018 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
[Q]uiero que dejen de pasar este tipo de actos, que los delitos sean bien perseguidos, que no se enjuicie a personas inocentes, que las autoridades pongan más atención y que todas las personas que pasan por cosas así las denuncien […]
Michelle, sobreviviente.
