Los días 3 y 4 de mayo de 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1,815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México y ejercieron una brutal represión contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT). El conflicto del segundo día surgió por la agresión policial contra un grupo de floristas, pero generó una reacción totalmente desproporcionada por parte del Estado.
Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago (de 14 años de edad) y el universitario Ollin Alexis Benhumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del (FPDT) (que organizaron la resistencia contra el proyecto aeroportuario del Gobierno federal en sus tierras), colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo.
Entre los detenidos hubo 47 mujeres, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión, en su mayoría, sufrieron tortura sexual a manos de los policías.
Éstos aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico; así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias. 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al CERESO de “Santiaguito” sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo contra la tortura y la impunidad.
Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado en mayo de 2008 por el delito no grave de “actos libidinosos” en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad el agresor también fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que examinara el caso.
En el 2013, se lanzó una campaña en redes sociales titulada “Una foto por las mujeres de Atenco”, en la cual participaron más de 10 países expresando su solidaridad en el contexto de la audiencia ante la CIDH y recabó alrededor de 400 fotografías. Entre los países que respondieron a esta iniciativa están Alemania, Argentina, Colombia, Congo, Estados Unidos, España, Italia Reino Unido y aproximadamente 15 estados de la República Mexicana, entre otros.
En diciembre de 2015, la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le dio la razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia.
A pesar de lo anterior y de que el propio Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo el Estado no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos. Por lo que en septiembre de 2016, la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la CoIDH.
A más de 11 años de los hechos, no se ha emitido una sentencia condenatoria firme al respecto y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad.
En el año 2014 fundaron la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, que se ha vuelto un espacio de solidaridad para sobrevivientes de esta práctica.
El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su sentencia en este caso, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las once mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia. La Corte IDH ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres; y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres. La sentencia fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra en fase de supervisión de cumplimiento.
A más de trece años de los hechos, están en curso diversos procesos penales en el Estado de México contra agentes estatales de bajo rango, implicados como autores materiales de una parte de los hechos. Sin embargo, no existen sentencias condenatorias y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas, por lo que la justicia sigue siendo una de las principales deudas pendientes del Estado en este caso paradigmático de represión y tortura.
