Al concluir la semana mundial por la libertad de Alberto Patishtán Gómez y Francisco Santiz López, organizaciones internacionales declararon en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el gobierno mexicano debe liberar a ambos presos políticos. Esto, si de verdad quiere evitar ser juzgado en las cortes internacionales por crímenes contra la población y los movimientos populares.

El día de ayer, en conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Prodh, sobrevivientes y viudas de la Masacre cometida en la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, Guerrero, dieron testimonio de lo ocurrido hace catorce años. Todo esto, con el fin de posicionar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de acceder a una justicia que en México les ha sido negada.

El fin de semana pasado elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán desalojaron a estudiantes de las inmediaciones del centro histórico de Morelia, que se manifestaban a favor de la liberación de sus compañeros. El conflicto es una muestra más de la falta de caminos para el diálogo y el uso excesivo de la fuerza.

En el contexto de los tiempos electorales en curso, grupos de hacktivistas cercanos pero diferentes al grupo Anonymus, tiraron el día de ayer, martes 1 de mayo de 2012, la página de Tv Azteca, como una protesta ante la decisión de esta cadena de no transmitir el debate del domingo y en su lugar pasar un partido de la liguilla.

En el siguiente video, dividido en tres partes, las Mujeres de Atenco explican su posicionamiento de resistencia y lucha frente a la tortura sexual como estrategia de Estado para desmovilizar y generar miedo. El próximo jueves y viernes, 3 y 4 de mayo, se cumplen seis años de lucha contra la impunidad que permea en el Estado de México.

Hace seis años el Operativo Atenco, ejecutado por policías federales y estatales en el Estado de México, pretendió desmovilizar la protesta social y la organización comunitaria de Texcoco y Atenco. Cientos de personas fueron a la cárcel y al menos 47 mujeres sufrieron tortura sexual por parte de los agentes de seguridad. Ninguno de los responsables ha rendido cuentas ante la justicia; mucho menos, aquellos que ocupaban altos puestos, como el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.